Actas de las I jornadas del régimen jurídico de las aguas

274 IV. REFLEXIONES FINALES La figura del derecho de aprovechamiento de agua condiciona la gestión del recurso hídrico y su gobernanza, existiendo diversas realidades a lo largo del país. Este condicionamiento está asociado principalmente a la oportunidad de participación y a la posibilidad de influir en el proceso de toma de decisiones, elementos que determinan la dinámica social y administrativa del recurso hídrico. Así, la realidad en torno a la gobernanza del agua a nivel país muestra una alta heterogeneidad. La existencia de organizaciones de usuarios que puedan cumplir con el rol básico de distribuir las aguas entre los usuarios titulares de derechos de aprovechamiento de aguas solo está limitada a una fracción de las cuencas del país, existiendo una amplia fracción del territorio que no posee Organizaciones de usuarios de aguas, limitando con esto las posibilidades de organización, por lo que no es factible gestionar los recursos hídricos con la finalidad de proveer los servicios de agua de manera efectiva. Si se considera que las funciones de las organizaciones de usuarios de aguas establecidas en la ley se limitan al rol de administración de las aguas dentro de su jurisdicción, que suele estar segmentada, por lo que no refleja las condiciones a nivel de cuenca respecto de la seguridad hídrica, y por último no incorpora a todos los actores presentes en los territorios sino que solo a los titulares de DAA, se pone de manifiesto que las posibilidades de incorporar los intereses de la comunidad en las decisiones de las organizaciones no es parte de su rol actual, generando una brecha respecto de las expectativas conceptualizadas en la gobernanza. Las denominadas mesas del agua, que tienen una representación territorial asimilable a las cuencas hidrográficas y que convocan a representantes de los diferentes actores territoriales, no cuentan con el respaldo normativo e institucional que transforme sus decisiones en acciones vinculantes. Este escenario de gobernanza entonces presenta una brecha importante al momento de abordar el desafío de establecer la seguridad hídrica y los mecanismos de gestión necesarios para alcanzarla, tanto a nivel nacional como a escala de cuenca.