El Derecho Consuetudinario en la gestión de riesgo en Chiapa. Las aguas del Tata Jachura

12 profesionales y estudiosos del derecho, la antropología, la filosofía y la sociología que han considerado el pluralismo jurídico una materia de necesario estudio, implementación y materialización en la región. Desde hace más de 8 años con el Grupo por el Pluralismo Jurídico para Latinoamérica, en su propia conformación y convicción pluralista, he- mos sostenido como uno de nuestros principales objetivos, el avance legislativo y jurisprudencial en el reconocimiento de los derechos indi- viduales y colectivos de los pueblos indígenas. Para el logro de ello, ha sido de vital importancia fomentar intercam- bios entre las autoridades y pueblos indígenas y los administradores y operadores de justicia estatal en encuentros que han buscado generar posibilidades para el mutuo entendimiento y proponer soluciones fren- te a las dificultades de la positivización de los derechos de estos pueblos. Al respecto, hoy en la mayoría de países de Latinoamérica hemos po- dido identificar notorios avances a nivel de las constituciones y de la normatividad, no obstante, también corroboramos que tal reconoci- miento se traduce de manera débil en la mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas y en la generación de espacios y relaciones sociales capaces de respetar su diversidad y formas de producción y re- producción cultural. Frente a este escenario, desde nuestra perspectiva el derecho sigue siendo objeto de construcción y transformación, por lo que insistir en los reconocimientos constitucionales y legales de los derechos indígenas es una demanda necesaria. Sin embargo, los otros contornos del ámbito de lo político y lo económico demandan también la más seria atención, no solo porque en ellos se expresan realidades y comprensiones plurales sobre el mundo, sino porque inciden directa- mente, en la posibilidad de materialización de los derechos de los pue- blos indígenas. En este sentido, consideramos prioritario seguir fortale- ciendo los espacios para el diálogo democrático y plural y fomentar la solución creativa a los conflictos entre los distintos actores jurídicos, po- líticos, económicos y sociales involucrados en la profundización de las garantías y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.