Informe país Estado del medio ambiente en Chile: Comparación 1999-2015

554 INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | CENTRO DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS INFORME PAÍS ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE EN CHILE En este apartado se examinan los mensajes presidenciales que acompañaron los proyectos de Ley del Ejecutivo, relativos a la nueva institucionalidad ambiental sometidos al Congreso Nacional a partir del año 2008, y se extraen algunos elemen- tos de política ambiental que pareció de interés destacar. El mensaje del ejecutivo a la Cámara de Diputados sometiendo, en junio de 2008, el proyecto de ley que creaba el Minis- terio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental hacía presente que era necesario, como se comenta más arriba, dado el tiempo transcurrido desde su adopción, avanzar en una nueva política ambiental. Si bien el Mensaje no estaba siendo presentado como la nueva política ambiental del Estado, puede considerarse como la representación o anticipo de una nueva política ambiental cuya expresión más importante fue el propio proyecto de nueva institucionalidad ambiental que proponía y que, luego de los cambios que experimentara pro- ducto del debate parlamentario y las negociaciones con el Ejecutivo, se tradujo en el esquema institucional vigente que incluye los tribunales ambientales y en iniciativas como la Ley sobre Biodiversidad y Áreas Protegidas, todavía en trámite parlamentario, y la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, en fase de preparación. A continuación se presentan algunos contenidos de política del Mensaje que pareció de interés destacar: • La reiteración de la noción de sustentabilidad enfatizando los nuevos desafíos a los que el mundo y el país se verá enfrentado en los próximos años como lo son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de agua, la contaminación y la calidad de vida en las ciudades, advirtiendo que el crecimiento no sustentable afecta la estabili- dad del bienestar de las personas en el largo plazo. • El reconocimiento de que el ingreso de Chile a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) impone un elevado estándar a las políticas públicas y a la calidad del crecimiento, y la exposición permanente al escrutinio público en materia ambiental. • El planteamiento de que la política ambiental debía basarse en el eje de la equidad, tanto teniendo presente a la actual generación de chilenos como a las futuras generaciones. Se reconocían importantes situaciones de inequidad. • La incorporación del concepto de gobernabilidad ambiental – aunque sin definirlo – y su incidencia en alcanzar los objetivos de un desarrollo sustentable e inclusivo. • La importancia de entender la gestión ambiental como una actividad integral no referida a cada uno de los elementos del ambiente por separado, enfatizando que el gran desafío de las autoridades ambientales es abordar la transver- salidad en la gestión y que ésta no está garantizada por una representación meramente colegiada de autoridades públicas. Postulaba que la gestión ambiental sectorial debía abordarse desde un esquema institucional ambiental como el que proponía el proyecto que se presentaba a Congreso Nacional. • El Mensaje Presidencial que sometió el proyecto de creación del tribunal ambiental, aunque eminentemente técnico, incorporó algunos importantes conceptos que se destacan a continuación: • La aplicación y el cumplimiento de la regulación ambiental se considera como un importante fundamento del Estado de Derecho, la buena gobernanza y el Desarrollo Sostenible, tanto en el ámbito nacional como en el internacional por cuanto están en juego la calidad y la protección del medio ambiente, la credibilidad de las regulaciones ambientales y la igualdad ante la ley en el sentido de que deben existir tratos justos e imparciales y, por otra parte, en cuanto a que el incumplimiento genera, en el ámbito del mercado, competencia desleal por parte de quien no acata las normas. • Los elementos en juego a la hora de abordar la reforma a la institucionalidad y gestión ambiental son la certeza jurí- dica para el inversionista, la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia ambiental. • La fiscalización ambiental supone, necesariamente, dos potestades claras para promover precisamente el objetivo de cumplimiento en condiciones de eficiencia: la de fiscalización e inspección y la de sanción de las conductas contrarias a las normas.