Informe país Estado del medio ambiente en Chile: Comparación 1999-2015

278 INSTITUTO DE ASUNTOS PÚBLICOS | CENTRO DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS INFORME PAÍS ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE EN CHILE dio inicio al Plan de Recuperación de Productividad de los Suelos, que en 1998 se extendió por todo el país. Con la promulgación de la Ley N° 19.604, que establece incentivos a la agricultura, y el DFL 235, que establece sistemas de incentivos para la recuperación de suelos degradados, ambas en 1999, se empieza a ejecutar el Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD). Este tenía como objetivo fomentar el uso de prácticas e insumos que permitan detener o revertir los procesos de degradación de los suelos y recuperar sus niveles de productividad en un horizonte de tiempo de 10 años. En la actualidad, el programa SIRSD-S se sustenta en la Ley N° 20.412, promulgada en 2010 al perder vigencia la Ley N° 19.604 y el DFL 235. Esta ley mantiene los objetivos de la anterior, con el sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios, busca la recuperación del potencial productivo de suelos agropecuarios de- gradados y la mantención de los niveles de mejoramiento alcanzado. El programa es coordinado por la Subsecretaría de Agricultura y ejecutado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que se ocupa de los/as pequeños/as produc- tores/as agrícolas, y por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que se ocupa de los medianos y grandes productores. En el Presupuesto del Sector Público de 2016 se destinaron $33.011 millones al SIRSD y desde el 2011, durante los últimos 6 años de vigencia, la inversión pública total alcanza los $192 mil millones. Según datos del Instituto para la Innovación Agraria (INIA), la superficie intervenida alcanza los 2,9 millones de ha, siendo la superficie real intervenida 1,9 millones de hectáreas entre 1996-2009, con una inversión durante ese periodo de 308.264 millones de pesos. Los usuarios beneficiarios fueron 45.000 atendidos por el SAG y 335.000 por INDAP, siendo los benefi- ciarios reales 232.064 personas. (INIA, 2010) No obstante las cifras que dan cuenta de una importante cantidad de suelos intervenidos, no se han realizado evaluaciones completas del impacto de este programa. Algunos estudios parciales han señalado que sus alcances son bastante más limitados que lo que se podría deducir de las cifras globales. Ello porque en áreas agrícolas y para muchos agricultores al programa se le considera como un subsidio a los costos de producción a través de la fertilización. En áreas ganaderas, que son las que más extensión ocupan, el impacto es muy difícil de estimar, pues el efecto de las intervenciones como aguadas, cercos u otras similares, dependen del manejo posterior de los campos. 5.4.2.3 Ley N° 20.283/2008 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal Esta ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal Involucra el “Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo Sustentable”, y el “Fondo de Investigación”, ambos manejados por CONAF. Con estos fondos se busca subsidiar actividades que favorezcan la regeneración, recuperación o protección de bosques, ya sea para la mantención de la di- versidad biológica o para fines productivos. En el Presupuesto Público de 2016 se destinaron 1.513 millones de pesos y, durante los ocho años de su ejecución, el gasto público alcanzó los $20.992 millones. Este programa tiene un alcance mucho menor al del DL701, en donde se promedian bonificaciones a 100.000 hectáreas anuales. Sólo entre 2009 y 2012, se intervinieron 96.676 hectáreas y se entregaron US$26,43 millones. (FAO, 2013) 5.4.2.4 Acuerdo de protección del Bosque Nativo Por último, existen otro tipo de iniciativas o acuerdos que si bien no forman parte de una política pública, han tenido un impacto en la protección del suelo y reducción de su degradación. Acuerdo suscrito en 2003 entre las principales com- pañías forestales chilenas, Forestal Arauco y CMPC, la distribuidora Home Depot y cinco organizaciones ambientalistas: Bosque Antiguo, Defensores del Bosque, Greenpeace, Instituto de Ecología Política y Fundación Terram. El acuerdo consi- dera una declaración pública de no sustitución de Bosque Nativo por especies de rápido crecimiento, que incluye, además, no promover la sustitución por parte de terceros; y especifica la iniciación de un proceso para establecer un Protocolo de Conservación del Bosque Nativo de su propiedad acordado con las ONG´s.