Informe país Estado del medio ambiente en Chile: Comparación 1999-2015

277 SUELOS UNIVERSIDAD DE CHILE | 2016 5.4.1.2 Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19.300/1994) La aplicación de la Ley Bases del Medio Ambiente fue importante y condicionó formas de uso de los recursos que influye- ron en el estado del suelo. Algunos de sus efectos ya se notaron en 1999 en particular, en los proyectos relacionados con el desarrollo minero, industrial y energético. Las importantes modificaciones de esta ley efectuadas en 2010, no obstante sus limitaciones, repercutieron en el impacto en el uso y en el estado del suelo. Amén de la nueva institucionalidad, se incorporaron algunas exigencias para nuevos proyectos que influyeron en la reducción de ciertos impactos ambientales. Una innovación es la obligación de incorporar estudios de planificación estratégica a territorios de influencia de los proyectos, lo que permite analizar interacciones y efectos en cadena de los rterrotorios de influencia. Toda la temática referida a las leyes globales ambientales se exponen es la Tercera pare del este Informe. 5.4.2 Leyes e instrumentos específicos para la recuperación de suelos degradados Los esfuerzos del Estado en materia de suelos se han enfocado a mejorar su calidad como recurso productivo y detener su degradación. Si bien el seguimiento y cuantificación de los fenómenos que lo afectan no ha sido constante, sí se pueden observar cambios en el transcurso de los años a partir de las esporádicas investigaciones que existen sobre erosión del suelo. Aunque los resultados evidenciados en la investigación de CIREN (2010) no pueden atribuirse directamente a ningu- na política o programa público enfocado a disminuir o detener la erosión de los suelos del país, no puede desconocerse la existencia de políticas de reforestación y protección del suelo, que buscan generar un impacto en el estado de los suelos, deteniendo su degradación o disminuyéndola. 5.4.2.1 Ley de Fomento Forestal Legislación que subsidia la recuperación de suelos degradados o no productivos mediante el incentivo de plantaciones forestales. Se promulga el Decreto Ley 701 en 1974 con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal en Chile, actividad productiva que conlleva la prevención de la degradación, protección y recuperación de los suelos del territorio nacional. En el año 1998 se promulga la ley N° 19.561 que modifica el DL 701/74, donde se incentiva la forestación de pequeños propietarios y de suelos frágiles y degradados y las prácticas de recuperación de suelos. En el año 2011 se aumentaron los incentivos a la forestación y se prorrogó su vigencia, mediante la Ley N° 20.488. CONAF es la institución que se encarga de la gestión del DL 701. Desde 1990 hasta 2015 el gasto público en bonificaciones, a través del DL 701, fue en total de US$478 millones y sólo por concepto de Forestación un total de US$ 207 millones. Sin embargo, el gasto público total durante los 40 años de vigencia suma US$664 millones. Bajo la vigencia del DL 701/1974 se bonificaron 952.000 ha, siendo un 95% de la superficie bonificada de grandes y me- dianos propietarios. (US$387/ha) A partir de la vigencia de la Ley N° 19.561/1998, hasta el 2014, se bonificaron en total 773.153 ha, distribuyéndose entre 521.953 ha por concepto de Forestación, 215.000 ha bonificadas por Forestación y Re- cuperación de Suelos Degradados y 36.200 ha bonificadas para Manejo Forestal. Con las modificaciones de la regulación al Fomento Forestal, aumenta el número de pequeños propietarios forestales (PPF) beneficiados; entre 1998 y 2014, del total de superficie bonificada un 38% correspondía a PPF. (CONAF, 2015) 5.4.2.2 Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados – SIRSD/ SIRSD-S El programa actual tiene su inicio formalmente en 1999. Sin embargo, existieron iniciativas anteriores realizadas por el Ministerio de Agricultura desde 1993, que consistieron en programas realizados en territorios determinados, como el caso del Programa de Bonificación de Fertilizantes para Praderas Naturalizadas de la Zona Austral de Chile, implementado por INIA en 1993 y la Bonificación al Establecimiento y Mejoramiento de Praderas en las regiones VIII a X en 1995. En 1997, se