El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

El origen de esta situación es su condición económica, jurídica, laboral y social, aspectos todos ellos interrelacionados entre si. La ausencia de recursos económicos más allá de los ingresos de su trabajo limita su accesibilidad económica al mercado residencial, más si tenemos en cuenta que ocupan el segmento laboral de menor calificación y remuneración, y sufren en mayor proporción la temporalidad. Por lo tanto, queda relegado al segmento de oferta residencial más económico y degradado. La inseguridad jurídica (no sólo relacionada con situaciones de ilegalidad, sino también con las dificultades de renovación de los permisos de residencia) les limita el acceso al mercado normalizado de trabajo y vivienda, favoreciendo su explotación laboral y residencial. En el plano social, el desconocimiento de la sociedad de llegada, la menor disponibilidad de redes relacionales y familiares de apoyo, y los problemas de discriminación por razón de su origen o etnia (en materia de vivienda especialmente en el mercado de alquiler) constituyen el principal origen de su frágil situación. En este adverso contexto puede entenderse como los problemas más graves de hacinamiento (como estrategia residencial para reducir el gasto en vivienda), ínfravivienda (o barraquismo vertical), guetización o sin techo, afectan mayoritariamente a los inmigrantes. Pero su precariedad residencial va incluso más allá. Ante las dificultades que tienen, han surgido diferentes formas de lo que podríamos denominar explotación residencial. Se trata de situaciones en las que el inmigrante tiene que pagar más que el resto de la población por un alojamiento indigno. En los entornos urbanos, esta explotación suele consistir en un subarrendamiento abusivo de una única habitación, una única cama, o su uso en turnos de ocho horas (las denominadas camas calientes). En las zonas rurales, esta explotación adopta otras formas: a veces aquello que se alquila es una construcción inadecuada (casas abandonadas, chamizos, antiguas cuadras, etc.) que tienen que compartir con otros inmigrantes, o una minúscula compartimentación en una nave, o incluso, el terreno donde poder dormir al raso. Por otro lado, tampoco las características de nuestro mercado de vivienda les son favorables. La expansión inmigratoria de finales de los noventa ha ido acompañada de un incremento de los precios inmobiliarios que ha ensanchado el segmento de población económicamente excluida del mercado, entre ellos, muchos inmigrantes. Asimismo, el preocupante bajo peso del alquiler en España es otra dificultad ya que éste es el régimen de tenencia idóneo para la movilidad y los limitados recursos de este colectivo. Por su parte, nuestro parque de alquiler público se sitúa entre los más pequeños de toda Europa, por lo que, tampoco disponemos de unas mínimas infraestructuras para atender las necesidades. Vivienda y proyecto migratorio Las condiciones y uso de la vivienda del inmigrante varian en cada una de las tres fases (llegada, estabilización y consolidación) del proyecto migratorio. En la llegada, la precariedad suele alcanzar su máxima expresión. Los problemas de hacinamiento, explotación inmobiliaria y sin techo son frecuentes. La disponibilidad de redes sociales o familiares, y la posibilidad de acceder a un trabajo mínimamente estable son aspectos fundamentales para superar con éxito esta primera fase. Con el paso del tiempo, si el inmigrante consigue superar la precariedad jurídica y laboral inicial entra en una fase de estabilización en la cual su vivienda no cumple únicamente una función de refugio. Después de la alta movilidad residencial inicial relacionada con la búsqueda de trabajo y vivienda, ahora el inmigrante tiene un cierto control sobre sus condiciones residenciales. La continuidad en los ingresos. la información y las redes sociales le permiten escoger su vivienda y con quien vivir. Los problemas de infravivienda o hacinamiento son ahora improbables. El proyecto familiar también se va concretando con la reagrupación, la formación de una familia, o la superación de un periodo en que dicha familia debía de compartir la vivienda para reducir los gastos. La última etapa, la consolidación, tiende a producirse al cabo de entre cinco y ocho años de estancia. Con la estabilización laboral, disminuye la movilidad residencial. Los periodos vividos en cada vivienda son cada vez más largos, de forma que ésta ya se considera como la vivienda habitual, invirtiéndose en ella tiempo y dinero para mejorar sus condiciones. Este interés en el confort representa no sólo una mejora de su situación económica y laboral, sino también es la expresión más evidente de que el inmigrante no se plantea regresar a su país. Este proceso de consolidación del proyecto migratorio tiene un punto de inflexión: la compra de la vivienda. Hasta ahora, el alquiler es la forma de tenencia más extendida, tanto por la falta de recursos