El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

Igualmente, desde una perspectiva exclusivamente económica, envejecer en la comunidad también tiene unas ventajas manifiestas. Según varios estudios, el gasto público en servicios sociales para las personas mayores aumenta sobre todo si crece el número de internados, y, contrariamente, se reduce si se aplican programas de envejecimiento en la comunidad. Si, a la vez, tenemos presente el proceso de envejecimiento en que se encuentra la sociedad catalana, y la tan anunciada crisis del estado del bienestar, es evidente que estamos ante una cuestión clave para la planificación futura de las políticas sociales. Además, tampoco tenemos que olvidar la evolución de los roles familiares. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo está reduciendo el soporte informal que la familia usualmente ofrecía a los mayores dependientes y, por tanto, indirectamente, aumenta el colectivo que pasa a depender directamente de las ayudas públicas, o del mercado según la capacidad económica familiar. Pero según las condiciones y la política social llevada a cabo, envejecer en la comunidad también puede presentar inconvenientes. La opción de envejecer en el propio entorno puede resultar perjudicial si se utiliza como excusa para no construir ni financiar centros de cuidados de larga duración, si las viviendas donde viven no reúnen las condiciones adecuadas, o si el servicio asistencial no es el correcto para las necesidades del anciano, ya sea tanto por exceso como por defecto de atención. Una atención excesiva o deficiente dificulta los esfuerzos del individuo para llevar una vida funcionalmente independiente. Igualmente, en los casos de dependencia más severa y de condiciones sanitarias más desfavorables, las atenciones que necesita el anciano pueden ser de tal magnitud que su coste supere al de su internamiento. Además, en esos casos extremos, la independencia del individuo es ficticia 3 y, verdaderamente, la institucionalización se convierte, entonces, en la mejor solución. Otro problema que a menudo aparece cuando se desarrollan programas de este tipo es la poca coordinación que suele haber entre las administraciones que tienen competencias en la materia, y entre las diferentes políticas sanitarias, asistenciales y de vivienda, hecho que comporta directamente un servicio globalmente deficiente, caro y de bajo alcance. Desde una óptica exclusivamente residencial, resolver el problema de la vivienda es fundamental para el éxito de los programas. Por mucho que los servicios sanitarios y asistenciales estén bien diseñados y convenientemente dotados económicamente, si las viviendas donde viven las personas mayores son inadecuadas, tienen un estado de conservación muy bajo, unas instalaciones deficientes o presentan graves barreras arquitectónicas, el fracaso está garantizado. Según Castells et al. (1992), el desarrollo de una política de vivienda para la tercera edad se perfila, pues, como un requisito previo e indispensable para alcanzar el objetivo de mantener a los ancianos en su propio hogar. Conocer la dimensión del problema residencial en el colectivo de las personas mayores no sólo es indispensable para poder elaborar políticas de vivienda ad hoc, sino que también es fundamental para planificar el resto de políticas públicas dirigidas a las personas mayores, pensando muy especialmente en los mayores de ochenta años, que suelen presentar mayores problemáticas de dependencia, además de ser los más desfavorecidos económicamente, razón por la cual dependen exclusivamente de la ayuda pública para hacer frente a todas esas necesidades. LA POLÍTICA DE VIVIENDA DENTRO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DIRIGIDAS A LA VEJEZ Dentro del conjunto de políticas sociales dirigidas a cubrir las necesidades de las personas mayores, la política de vivienda se enmarca entre las de tipo sociosanitario y asistencial y las de ámbito económico, y, lógicamente, las actuaciones en materia de integración social y el resto de servicios asistenciales para el anciano independiente están sujetos a la existencia de unas condiciones residenciales adecuadas. El riesgo de descoordinación en la intervención pública es previsible, por los ámbitos relacionados. A grandes rasgos, la política de vivienda dirigida a las personas mayores se puede clasificar en dos grandes líneas: las actuaciones que tienen por objetivo mantener al anciano en su propio hogar y las que ofrecen un nuevo alojamiento a las personas mayores porque la primera opción no es viable, sea por las condiciones de la persona, el estado de la vivienda, la imposibilidad de realizar los arreglos necesarios, o, sencillamente, por su pérdida (desahucio, rescisión del contrato de alquiler, etc.). Dentro del primer grupo, las intervenciones encaminadas a mantener al anciano en su casa suelen consistir en obras para mejorar la accesibilidad y la movilidad (ascensores, rampas, 3 Este hecho genera otra problemática: la dificultad de definir ese límite y, sobre todo, la aceptación del afectado.