El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

Tomando como punto de partida la perspectiva integradora de los derechos humanos, se ha señalado que, una política habitacional integral que propenda a la integración social de los sectores sociales afectados por la pobreza, debe contemplar la provisión progresiva de todos los medios necesarios para crear las condiciones de realización adecuada de la vida privada doméstica, y que esto implica, que la adecuación de las condiciones físicas del hábitat en que viven estas poblaciones. por cualquiera de las vias utilizadas (mejoramiento habitacional y urbano, construcción de nuevos conjuntos, etc.), sea abordada de manera indivisible a los demás medios necesarios para alcanzar la integración social. A partir de esto se han considerado los aspectos urbano-ambientales como una más de las dimensiones indivisibles que deben contemplar sus prestaciones. En el contexto de las ciudades latinoamericanas. las prestaciones de esta dimensión se ha considerado de fundamental importancia, dado que implican a todos los aspectos que hacen a la inserción e integración urbano-ambiental de las UH en el territorio urbano: emplazamiento adecuado; articulación a la estructura urbana y al sistema de espacios públicos y verdes; conexión a las redes de infraestructuras; accesibilidad a los servicios y a los diversos puntos y equipamientos del área metropolitana a la que pertenecen. Entendiendo que no sólo están referidas a las cuestiones físicas implícitas en ellas sino también, a la garantía del derecho al uso y el reaseguro de la disponibilidad económica para afrontar sus costos. A partir del análisis de los cambios operados en la política habitacional argentina a partir de los 90, especialmente, del impacto que estos tuvieron en los principios de integración social subyacentes. Se estudió en particular, la implementación de 4 programas en el AMGR en este período, y tomando como referencia las consideraciones desarrolladas en la primera parte de este trabajo, se advirtió que las prestaciones urbano ambientales brindadas : a- no estuvieron dirigidas al conjunto de escalas y niveles de complejidad, implícitos en la satisfacción integral de las necesidades habitacionales; b- no fueron diseñadas en función de las características especificas de la ciudad donde se implementaron, desconociendo las deficiencias de dotación y distribución de los equipamientos y de capacidad de los sistemas generales de provisión de los servicios, para poder responder adecuadamente a las localizaciones planteadas; c- no contemplaron la situación socio-económica de los hogares a fin de garantizar la posibilidad de asumir los costos de desplazamiento; d- no garantizaron su sustentabilidad frente a los riesgos ambientales; y e- no contribuyeron a la construcción de tejido urbano, ni a la diversificación y superposición de usos. En lugar de contribuir a la articulación y continuidad entre las distintas áreas residenciales. cada conjunto se constituyó en un fragmento más, aislado de su entorno, física y socialmente. Los cambios operados en las prestaciones urbano-ambientales, se tradujeron en: una reducción significativa del tamaño de las intervenciones nuevas; la reducción cuantitativa de las prestaciones urbanas (limitándose a la distribución de las infraestructuras básicas y la ejecución de nexos a las redes troncales); la reducción a estándares mínimos de la calidad de las infraestructuras, de las obras de saneamiento del terreno y de dotación del espacio público; la reserva de espacio - ya no la construcción– para futuro equipamiento y la reserva mínima exigida para espacios verdes. En cuanto a la escala domiciliaria, implicaron la vuelta a la construcción de UH individuales en lote propio y en amanzanamientos ortogonales. Si bien algunos de estos cambios pudieran interpretarse positivamente en virtud de la idiosincrasia regional, no fueron implementados acertadamente porqué las escalas reducidas de actuación, más flexibles a la oferta de suelo y a la ciudad existente, no fueron aprovechadas para ocupar los intersticios urbanos dotados de equipamientos e infraestructura sino que se mantuvieron localizaciones cada vez más alejadas, en tierras sub o nulamente urbanizadas, de bajo precio, frecuentemente vulnerables, mal conectadas y deficitariamente servidas. con el agravante de que, al no incluir ya la dotación de equipamientos e infraestructuras complementarias, ni la articulación básica a los demás escalas de satisfacción integral de las necesidades habitacionales, cada nuevo conjunto constituyó un nuevo apéndice para la ciudad, absolutamente dependiente de ésta y sin las garantías mínimas para que sus habitantes puedan suplir las carencias de su entorno. Algunos de los conjuntos analizados ilustran de manera categórica este lípo de localizaciones, donde con ellos (programas PPI y AIPO) se inauguró el proceso de ocupación de nuevas áreas, adoleciendo de las prestaciones mínimas para hacerlo, y donde 14