El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

Política de vivienda en la Ciudad de México Se parte de reconocer que la vivienda es esencia de la seguridad y el desarrollo de la vida familiar cotidiana; constituye la unidad básica de los asentamientos humanos; conjuga, entre otros, temas como población, medio ambiente, relaciones comunitarias y desarrollo económico; refleja múltiples aspectos sociales de la organización del Estado, de la sociedad y de la ciudad; es indicador de la calidad de vida de los habitantes de un país o una ciudad; y expresa además la movilización de recursos gubernamentales y la distribución de ingresos entre la población, todo lo cual representa el bienestar social. El problema de la vivienda en la Ciudad de México, impregnado de la complejidad de las problemáticas sociales de una ciudad como la que hemos construido y habitamos, durante varias décadas y hasta 1997, fue atendido a través de diversos programas que se derivaban de una política social definida por el gobierno federal y determinaban en función de los lineamientos de política económica implantados por las administraciones en turno, y que a su vez obedecían a las orientaciones que en la materia dictaban organismos financieros internacionales. Esta etapa representó para la sociedad mexicana un período de transformaciones económicas, políticas y sociales cuya pretensión era la modernización del país y sus instituciones, sin embargo, lo que produjo fue un severo deterioro en las condiciones de vida del grueso de la población, y en particular una desatención a la demanda social de vivienda, pues el Estado detuvo el ejercicio de políticas ligadas con la promoción habitacional, el financiamiento y la construcción de viviendas, lo cual significó un cambio estructural de los organismos públicos del ramo y dejó en manos del sector privado las funciones que le correspondían al Estado. Este cambio estructural implicó para la política de vivienda instrumentada en el Distrito Federal, que cada vez menos familias de escasos recursos tuvieran posibilidades de acceder a una vivienda digna, y con ello el Estado se alejó del cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo cuarto constitucional en relación con la vivienda. Esta situación prevaleciente a lo largo de varias décadas, y únicamente modificada cuando el Estado se vio obligado a atender la situación de emergencia originada por los sismos del 85, generó la acumulación de un gran rezago en la atención a la necesidad de vivienda de las familias de más escasos recursos económicos. La gestión del subsector vivienda de interés social y popular en el Distrito Federal se torna compleja para los distintos actores involucrados (gobierno, promotores inmobiliarios, organizaciones sociales y los individuos mismos) pues enfrentan: a) una coyuntura de crisis de alcances internacionales, exacerbada por las políticas de ajuste estructural; b) problemáticas sociales añejas y emergentes; c) la carencia de una política de vivienda integral de alcances metropolitanos; d) el proceso en curso de vincular las políticas de desarrollo urbano y vivienda; e) la todavía insuficiente inversión de recursos financieros destinados a la atención de la población de bajos recursos que sufre carencias habitacionales; f) la fuerte carga heredada por la aplicación de políticas financieras incongruentes con la realidad socioeconómica de los demandantes; g) una normatividad gubernamental que implica trámites excesivos que alargan, dificultan y encarecen la vivienda. Sobre esta base, el Jefe de Gobierno del DF, Lic. Andrés Manuel López Obrador, estableció en el Programa de Gobierno 2000 - 2006 que el compromiso fundamental de su gobierno en materia de vivienda era atender de manera prioritaria las demandas inmediatas de la población más necesitada, y paralelamente, regularizar el crecimiento urbano con reglas claras y procedimientos ágiles que permitieran diferenciar las zonas en que pueden efectuarse nuevos desarrollos de aquéllas en las que no es procedente el establecimiento. En este sentido, el planteamiento se fundamentó en impulsar el crecimiento hacia las zonas centrales y otras zonas con factibilidad, mediante normas adecuadas, programas parciales, apoyo y estímulos a los particulares y de consumo con la acción gubernamental directa. Para tal efecto, se estableció una alternativa integral sobre dos ejes, a través del Programa General de Desarrollo Urbano aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre 2004: una Política Habitacional plasmada en el Bando dos (5 de diciembre del 2000) y el Acuerdo No. 3 sobre Política Habitacional (1 7 de enero de 2001 ). Estos ejes proponían, desde una perspectiva social, la realización de 25 mil acciones 200-2006 política habitacional en el Distrito Federal, México ¿experiencia exitosa? 3