El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

habitacional, durante todo el periodo (1976-1989) siempre predominó el mismo esquema de integración, quedando progresivamente inadecuado a medida que el modelo de desarrollo se deterioró. A partir de la Reforma del Estado, esta política habitacional cambió drásticamente, porque la desregulación laboral desmontó derechos sociales vinculados al salario, la flexibilización eliminó un número importantes de empleos formales y se promovió a la vivienda como bien de acceso por el mercado (Banco Mundial, 1994). En concordancia con estos principios, el FONAVI perdió su sentido solidario (a partir de 1992 pasó a componerse de un impuesto a los combustibles), fue descentralizado a los gobiernos provinciales y facilitó la participación de agentes económicos privados, con el fin mejorar la oferta de viviendas merced a creditos, en lugar de contrarrestar la demanda mediante producción subsidiada de viviendas. Así, a partir de la privatización del Banco Hipotecario, la formación de mercados de capitales y la reforma del FONAVI, el Estado estimuló la participación del mercado en la financiación y promoción de la vivienda de los sectores de ingresos insuficientes, mediante créditos privados y públicos. Por otra vía, que es la de interés aquí, se promovió la producción habitacional en el marco de las nuevas políticas sociales orientadas a los afectados por la pobreza. 10 Esta política operó mayoritariamente con apoyo financiero internacional (aunque una porción del FONAVI también participó), y desde el paradigma del desarrollo social, la focalización, la concepción heterogénea de la pobreza, la descentralización, la participación y el modelo de gestión del gerencialismo, implementó numerosos programas de diferentes tipos de soluciones habitacionales a las distintas situaciones sociales de pobreza identificadas. Esta política desalentó la integración social por vía del salario y pasó a promoverla a través del mercado. Para ello, promovió principalmente la formación de capacidades, para la inserción de los afectados por la exclusión a la nueva economía de mercado y la producción habitacional, también se integró a este proceso, propiciando la participación de las poblaciones destinatarias. Este enfoque capitalizó al hábitat popular, impulsando su mejoramiento en lugar de la erradicación, concibió a la vivienda como bienes y servicios desagregados y progresivos, disminuyó los estándares de las prestaciones, aceptó necesidades, tecnologías y lenguajes formales regionales, y apoyó su proceso productivo en empresas constructoras locales y la autoconstrucción asistida, como estrategia de capacitación de la población objetivo en oficios como la construcción. Las prestaciones urbano-ambientales de esta política, en los casos en estuvo dirigida a construir urbanizaciones nuevas, pasaron a hacerlo en conjuntos de mucho menor tamaño (no más de 150 unidades habitacionales), en su mayor parte, ubicadas en terrenos individuales, siguiendo los trazados urbanos tradicionales de la ciudad o con pequeñas modificaciones para una explotación más intensiva del suelo en baja densidad, pero siempre tratando de integrarlos a la ciudad. Sin embargo, estos conjuntos de menor tamaño, continuaron ubicándose preferentemente en las periferias suburbanas, en tierras de bajo precio, definiendo nuevos cordones de expansión más alejados de las áreas centrales, aunque ya dejara de financiarse la provisión de infraestructura y equipamientos sociales complementarios (educativos, de salud, de seguridad, comerciales y recreativos), asi como también la urbanización de vías de articulación estructurales a las áreas urbanizadas de las ciudades, prestaciones éstas que, a partir de la descentralización, pasaron a ser competencia de los gobiernos locales (municipales y provinciales) y entes administradores de servicios públicos (concesionados al sector privado o administrados con criterios de mercado). De esta forma, se pasó a concebir a sus destinatarios como consumidores, en un contexto social fuertemente afectado por pobreza y desempleo. Por su parte, los programas orientados al mejoramiento habitacional, desde esta misma concepción, se dedicaron a consolidar áreas urbanas fuertemente deficitarias, merced a acciones de regularización dominial, provisión de lotes y servicios, mejoramiento o rehabilitación de la unidad habitacional y/o del barrio, etc., de manera conjunta con acciones de capacitación, con el objetivo de alcanzar la integración física y social de estás áreas urbanas deficitarias al sector más urbanizado de la ciudad. A efectos de caracterizar algunos resultados de esta nueva política en lo concerniente a sus prestaciones urbano-ambiental, se analiza a continuación el impacto producido por cuatro de estos programas, implementados en el AMGR. Dos de ellos que contaron con financiación internacional: a) el Subprograma 10 Los lineamientos generales de esta política puede consultarse en el documento oficial "Plan Social 1995". 5