El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

En síntesis, y sin pretender agotar aquí los factores implicados en las prestaciones urbano-ambientales de una política habítacíonal integral, estas consideraciones señalan que ellas son imprescindibles para alcanzar la integración social plena de sus destinatarios. SEGUNDA PARTE Los cambios de la política habitacional de la Reforma del Estado en relación al periodo anterior 8 Desde la perspectiva integradora de los derechos, la Reforma del Estado llevada adelante en Argentina durante los 90's en el marco de los Planes de Ajustes Estructurales de los organismos de desarrollo, implicaron cambios significativos en la política habitacional, en particular en sus principios de integración social subyacentes y las prestaciones urbano-ambientales derivadas de ellos. 9 Como ya se señaló en otro trabajo (Barreto, Benítez, Fernández, Giró, Zavala, 2007), con anterioridad a esta Reforma y tomando como marco de análisis la Ley 21.581 de 1977, sobre el Régimen de financiamiento del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), puede decirse que ella estuvo muy influida por los paradigmas del desarrollo económico modernizador y del bienestar social construido en torno a una integración social de acceso por medio del empleo formal, con fuerte intervención del Estado en la provisión directa de los bienes y servicios sociales. Esta política habitacional estuvo dirigida principalmente a generar demanda a grandes empresas de la construcción, promover empleos y a financiar viviendas a la clase asalariada formal, subsidiando y financiando a tasas especiales las necesidades habitacionales de los empleados asalariados de recursos insuficientes para acceder por medios propios a una vivienda adecuada. Bajo esta concepción, la vivienda formó parte de los demás derechos sociales reconocidos en el salario formal, tales como salario mínimo, asignaciones familiares, seguro de desempleo y de riesgo de trabajo, régimen provisional, obras sociales, etc. Las prestaciones urbano-ambientales de esta política habitacional, promovió la vivienda colectiva moderna "llave en mano" en grandes conjuntos de densidad media y alta, con trazados urbanísticos distintos a los de las ciudades tradicionales, que por agrupación definieron grandes áreas urbanas residenciales {mono-funcionales), que contribuyeron a la expansión urbana, al ubicarse preferentemente en las periferias suburbanas. en tierras de bajo valor y financiaba a los gobiernos locales y entes de servicios públicos, la provisión de infraestructura básica y equipamientos sociales (educativos, de salud, de seguridad, comerciales y recreativos) complementarios, así como también la urbanización de vías de articulación a las áreas urbanizadas de las ciudades. Estas prestaciones se complementaban, a la vez, con servicios urbanos de agua potable, luz eléctrica, recolección de residuos, desagües pluviales y cloacales, arreglos de calles, etc., provistos por entes del Estado nacional con un criterio universal de cobertura y otros bienes y servicios sociales provistos con igual criterio, como salud, educación, seguridad, etc., ocupándose los gobiernos locales el mantenimiento del espacio público. En la medida que el proceso de industrialización no tuvo el vigor para sostener en equilibrio este esquema de integración, los sectores sociales excluidos del empleo formal y de los satisfactores que él permitía, incrementaron los asentamientos urbanos informales y las condiciones precarias de habitación, que caracterizaron desde el principio al proceso de urbanización argentino. Por su parte, aquella política habitacional, no contó con ninguna atención específica para ellos, porque desde los paradigmas que en fue formulada, consideró que tarde o temprano serían incluidos a la economía formal y al bienestar social que ella permitía, y, por ende, estas condiciones serian erradicadas y remplazadas por viviendas nuevas. Más allá de los grandes avances en los derechos civiles y políticos que significó el fin de la dictadura e inicio del gobierno democrático (1982) y de los mínimos cambios de matices que hubo en la política ' En este punto se ha tenido como referencia trabajos recientes sobre este tema de autores tales como: Cuenya (2006), Clichevsky ¡2003). Fernández Wagner (2004) , Rodulfo (2006), Lentini y Palero (2001) y el Informe Misión de Investigación (2004). Puede tomarse como referencia del inicio de esta etapa la promulgación de la Ley 23.696. que en su espíritu representó el abandono de las viejas políticas inspiradas en el consenso keynesiano y los Estados del Bienestar, instauradas tempranamente en Argentina durante la posguerra por el peronismo desde una orientación populista, para adoptar un nuevo modelo de Estado, más adecuado a los requerimientos de la economía neoliberal de la globalización financiera. Con relación a los principios de integración social subyacentes a la política habitacional ver Barreto, 2007. 4