El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

por situaciones de pobreza, por cualquiera de las vías hoy utilizadas (mejoramiento o rehabilitación habitacional y/o urbana, construcción de nuevos conjuntos habitacionales, etc.), se considera indivisible de los demás medios que brindan las condiciones para alcanzar la integración social de manera progresiva, contrarrestando los problemas de exclusión y vulnerabilidad de estos sectores sociales. Metodológicamente, formular una política así, implica concebir a todos los aspectos implicados en las situaciones deficitarias, como dimensiones de un único problema. De manera que sus prestaciones también incluyan diferentes dimensiones integradas, acordes a las distintas situaciones particulares. Para su análisis conceptual, estas dimensiones integradas pueden clasificarse en: Cuadro 1: Dimensiones de las orestaciones de una oolítica habitacional intearal Habitacional Trata las condiciones físico-materiales de las unidades habitacionales CUHl Urbano-ambiental Trata la inteoración de las de las UH al esoacio urbano-ambiental Económica Trata la inteqración de sus habitantes al sistema económico Social Trata el acceso de los hogares a la salud, educación, seguridad, ocio, recreación, etc. Cultural Trata las condiciones de edad, género y étnica de las personas y sus preferencias y modos de vida individuales y colectivos Legal y Política Trata la seguridad de la tenencia de los bienes de las personas, el acceso a los servicios de justicia, v obliqaciones v qarantias sobre sus deberes v derechos La dimensión urbano-ambiental de las prestaciones de una política habitacional integral En este marco multidimensional, la dimensión urbano-ambiental de las prestaciones de una política habitacional integral, asume en América Latina connotaciones especiales, ya que sus ciudades se caracterizan por altos porcentajes de pobreza, significativas desigualdades socioculturales y muy dispares oportunidades urbanas. En ellas, las poblaciones pobres, viven por lo general en áreas ambientalmente inadecuadas y sufren importantes carencias de bienes y servicios urbanos, en contraposición a los sectores sociales formales que monopolizan privilegiadamente el acceso a éstos, lo que contribuye a acentuar las inequidades. Y a diferencia de los países desarrollados, sus Estados tienen escasa capacidad de regular el mercado del suelo urbano y la distribución de sus plusvalías. Estas condiciones crean un marco de actuación singular donde las prestaciones urbano-ambientales de una política habitacional integral, resultan fundamentales para la integración social. Este tipo de prestaciones deben asumir todos los aspectos concernientes a la integración de las unidades habitacionales al espacio urbano y ambiental, es decir, el adecuado emplazamiento de las unidades habitacionales al territorio; la articulación de las mismas a la estructura urbana y al sistema de espacios públicos y verdes; la conexión de ellas a las redes de infraestructuras; la accesibilidad de las mismas a los servicios y a los diversos puntos y equipamientos del área metropolitana a la que pertenecen. Y, en interrelación con las otras dimensiones, debe considerarse además, que estos aspectos implican no sólo los factores físicos que los constituyen sino también la garantía del derecho al uso de estas prestaciones y la disponibilidad económica para afrontar sus costos. Para hacerlo es preciso que estas respuestas consideren: la interrelación de las escalas territoriales y niveles de complejidades de los equipamientos y servicios, y por tanto las diferentes relaciones entre las unidades habitacionales (en adelante UH), sus unidades primarias de agrupamiento (bloque, manzana, etc.), las unidades vecinales (conjunto, barrio, etc.), las unidades urbanas (distrito, chacra, etc.) y la ciudad en su conjunto; las características de las ciudades en cuanto a la dotación y distribución de estos equipamientos y servicios, considerando el estado y las características que presentan los sistemas generales y sus capacidades de prestación; la situación socio-económica de los hogares para asumir los costos de uso de los equipamientos y servicios; sus particularidades culturales, en cuanto a sus formas de vida y relaciones con el resto de la sociedad; el uso sustentable de las prestaciones frente a los riesgos ambientales y las cambiantes situaciones políticas; y finalmente, la construcción de tejido urbano, tendiente a lograr condiciones de homogeneidad del espacio urbano entre las distintas áreas residenciales, por equidad en la distribución de servicios, equipamientos y espacios verdes (Alcalá, 2007a). 3