El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

Atacar causas y no consecuencias Este principio intenta generar conciencia del valor de las acciones preventivas, por sobre las acciones remediativas. Un plan, programa o proyecto de interés social, será considerado mejor que otro en tanto que la solución propuesta se encuentre más cerca del problema inicial que de los efectos que ese problema provoca. Por ejemplo, los problemas de seguridad de las personas suelen verse a menudo desde la óptica de las consecuencias y no de las causas, y por lo tanto se atacan desde esta perspectiva. Es frecuente oír hablar de solución a problemas de delincuencia en términos de disminución de edad de imputabilidad, de aumento de la capacidad carcelaria, o de mejora en los servicios de vigilancia, es decir intentando paliar las consecuencias de la delincuencia, en lugar de usar esos mismos recursos (económicos, políticos y humanos) en la generación de mecanismos de inclusión social de los grupos vulnerables, evitando de esta manera su posible vinculación con el delito. Un caso típico de desviación de las soluciones hacia las consecuencias, manteniendo las causas, es el de la contaminación de aguas superficiales. Es dominante la propuesta de construir plantas de tratamiento de los recursos contaminados a posteriori, en lugar de erradicar las causas de contaminación. Es siempre tecnológicamente más difícil y económicamente más costoso atacar las consecuencias, por su perdurabilidad en el tiempo, que abordar las causas en origen. Cooperación interactoral (mecanismos de concertación público-privado) Bajo la premisa de favorecer abordajes integrales, los cuales tienen su razón de ser en la concepción heterogénea y multidimensional de la pobreza, este criterio hace referencia a que toda acción social, en este caso particular de gestión habitacional o urbana, resulta "una modificación negociada de la ciudad" en la cual intervienen una gran variedad de actores sociales en forma directa o indirecta, y con una intrincada distribución de distintas cuotas de poder entre los mismos. La articulación de actores, planteada como alternativa de distribución de poder más equitativa y favorable a los habitantes, permite sumar recursos y disminuir la asimetría vigente en la actual situación urbana. Además la misma implica visualizar la solución de los problemas de un sector como problemas de la totalidad del sistema; como un proceso político, un continuo proceso colectivo, una deliberada y ampliamente discutida construcción del futuro de las comunidades, en la cual participan la mayor cantidad de miembros posibles de todas las categorías que las conforman. Significa, no una actividad técnica, sino un proceso político vinculado a la decisión de la mayoría. Esto supone transformaciones estructurales, en cuanto que los intereses de las comunidades pueden contrariar intereses de ciertas minorías, que difícilmente renunciarían a sus privilegios. Por ello es importante fortalecer y ampliar el foco decisorio, incorporándole nuevos contingentes poblacionales. Así los conflictos existentes no significan obstáculos infranqueables, sino que a través de la acción dialógica, de la discusión y del debate, de la negociación y de la transacción, de los pactos y de las coaliciones se puede garantizar la canalización positiva de dichos conflictos e intereses. Además resulta una excelente estrategia de complementación de recursos y herramientas efectivas en términos de mayor gobernabilidad y gobernancia1, obteniendo resultados superadores a partir de la generación de capacidades de negociación y generación de consensos aún dentro de relaciones asimétricas de poder. Planteada de esta forma, la asociatividad multiactoral constituye en definitiva, una forma institucionalizada de participación en las políticas sociales, entendiendo lo público como una construcción social fruto de la articulación entre gobierno y sociedad civil. Participación democrática + transparencia de gestión "Se entiende por participación ciudadana en la planificación y gestión del territorio a los procesos organizados y sistemáticos mediante los cuales se garantiza a la comunidad la posibilidad de emitir 1 Al respecto es importante resaltar que la preocupación insistente en lograr "gobernabilidad" bajo el dejo de temor por el desborde (que los ajustes estructurales se encargaron de aventar) fue dejando paso en la última década a la no menos insistente idea de "governanza" , "buen gobierno" o "buena gobernabilidad" (Diaz, 1999), la cual supone 'crear consenso, obtener el consentimiento o aquiescencia necesaria para llevar a cabo un programa. en un escenario donde están en juego diversos intereses" (Alcántara, 1998), relacionándose con una nueva manera de abordar la política, donde se reconoce que el Estado no es el único ni el principal actor del desarrollo. Ponencia V Jamada Internacional de Vivienda Social - Mgtr. Arq. Daniela Gargantini- Arq. Joaquín Peralta 5