El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social
Marco contextual: Falta de derecho, sostenibilidad social y necesidad de instancias evaluativas. La globalización y la política neoliberal imperante en América Latina, como factores extra-locales determinantes de politicas, complementariamente con arraigados mecanismos y factores de índole nacional y local acentúan actualmente la pobreza y la exclusión social, permitiendo que un vasto sector de nuestras sociedades quede al margen de las intervenciones urbanísticas y habitacionales que programadas para y por unos pocos. Hoy la mayoría de nuestras poblaciones son urbanas, pero no ciudadanas. El derecho a la ciudad es un derecho no adquirido por grandes porcentajes de nuestros asentamientos humanos, producto de la informalidad y las condiciones deficitarias en las cuales se vive y se accede a la ciudad como espacio social construido. Unido a ello, en la mayoría de estos ámbitos locales, el actual proceso de urbanización en crecimiento constituye en este fin de siglo un fenómeno de connotaciones especiales. Para el próximo milenio se calcula que la mitad de la población mundial vivirá en ciudades, y los dos tercios de esa población se concentrarán en países del Tercer Mundo. Así, la ciudad como realidad física tangible y como construcción social, y los procesos de acceso o expulsión a esta estructura, tienden a ocupar un lugar importante dentro el contexto actual. En tanto construcción social y producto histórico, la ciudad es un sistema complejo que no puede ser reducido a una sumatoria de elementos visibles sobre un terreno; es un sistema simbólico y espacio– temporal de expresión del comportamiento individual y social. Así la ciudad condensa dos realidades: a los objetos (realidad física) y al valor (significación social). Por lo que la ciudad sólo es comprensible a través de la relación dialéctica entre espacio construido y espacio social. Esta imagen que los habitantes tienen de la ciudad, tradicionalmente no se ha tenido en cuenta en las intervenciones realizadas, aunque no hay análisis social que pueda prescindir de los individuos, ni análisis de los individuos que pueda ignorar los espacios que ellos habitan. Así, tampoco debería haber actuación urbana que prescinda de los individuos, pues no hacerlo reduciría al espacio a un mero dato de mercado y homogeneizador del metro cuadrado edificable, sujeto de ser alquilable o vendible (fenómeno cada vez más difundido en nuestros días). Frente a esta situación especulativa y reduccionista de lo urbano, toda la sociología urbana ha procurado comprender a la ciudad como lugar donde estos actores compiten e interactúan para lograr mayores ganancias, y como sitio donde batallan las clases sociales. Según esta perspectiva los procesos orientados por la ganancia (que operan dentro del mercado), los comunitarios (determinados por la reproducción de la población tras la lógica de la necesidad), los estatales (los que fuera del mercado inciden de manera directa o indirecta dirigiendo y ejecutando los procesos públicos de la ciudad) y los actores políticos (que se mueven tras una lógica de acumulación de poder), coparticipan en el proceso de construcción de los fenómenos urbanos cuyo sentido no parece estar predeterminado sino que parece depender de cómo ejerzan sus roles los diferentes actores involucrados. Bajo esta óptica la ciudad se transforma en un conjunto muy variado de procesos económicos, sociales y políticos; en una estructura local de poder en relación a la fuerza con la que se presente cada uno de los actores, la cual se concreta en una específica estructura social o de clases. La gestión urbana, entendida como "el conjunto de procesos dirigidos a articular recursos que permiten producir, hacer funcionar y mantener la ciudad y brindar a las actividades económicas y a la población los satisfactores de sus necesidades, tanto bienes de consumo individual como colectivo "(HERZER 1994) vincula (o debería vincular) así diversos procesos que van dando forma a la ciudad, articulando los diversos actores presentes en ellos. Paralelamente a estos abordajes conceptuales, los nuevos contextos macroeconómicos en que se sitúan las políticas sociales, en particular las de vivienda y mejoramiento del hábitat en general en las últimas décadas, han favorecido la incorporación del análisis, control y evaluación como prácticas más habituales y deseables en su formulación y ejecución. Esta mayor exigencia por comprobar resultados está íntimamente relacionada con tres grandes áreas (PNUD, 1993). A saber: a) Responsabilidad social: cada vez más se exige responsabilidad social a los organismos públicos encargados de llevar a cabo intervenciones sociales, cuyos beneficiarios tienen derecho a recibir bienes de calidad aceptable y en niveles de costos razonables. Así quien propone o ejecuta un programa, debe Ponencia V Jamada Internacional de Vivienda Social - Mgtr. Arq. Daniela Gargantini- Arq. Joaquín Peralta 2
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