El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

Más tarde, hacia comienzos de los ochenta el FIVIDESU y el FONHAPO mexicanos, capitalizan las experiencias de varios contextos en un marco institucional muy diversificado y de gran alcance. Para entonces cabe destacar, la reinstalación de las Micro Brigadas de Construcción en Cuba en 1985, dando cuenta del reconocimiento por complementar recursos/esfuerzos del Estado Socialista con, el trabajo voluntario para la realización de programas de obra nueva. Aunque desafortunadamente esta experiencia, estuvo sujeta a la aplicación de tecnologías inapropiadas de obras con prefabricación pesada. Con presupuestos habitacionales públicos más exiguos con respecto al decenio anterior, hacia fines de los ochenta se agudiza la competencia entre dos políticas diferenciadas tanto por el enfoque/opciones habitacionales como, por los actores que intervienen. Por un lado, las entidades y el marco operativo convencional con que se siguen construyendo conjuntos habitacionales de vivienda seriada -realizados por empresas nacionales y aún, transnacionales- y, por otro lado, las instancias que instrumentan los programas de mejoramiento barrial y de vivienda de desarrollo progresivo donde estaban involucradas tanto los aportes de los mismos usuarios así como, medianas y pequeñas empresas de construcción. Asimismo, la aplicación de nuevos instrumentos de planeación asociados al nuevo paradigma -participación en decisiones, programación de espacios libres y/o construidos del dominio colectivo, instalación de sistemas alternativos de servicios, sistematización del desarrollo progresivo de unidades, etc.- impone establecer normas y/o modalidades de gestión donde sin embargo, los canales de participación resultaron virtuales o inexistentes. Por lo que pierden legitimación los programas descentralizados y el seguimiento de planes de desarrollo progresivo. Al tiempo que afloran apelaciones e impugnaciones a instancias las públicas responsables, mediante el creciente activismo de organizaciones urbanas demandantes. Por un lado, de quienes consideraban insuficiente las previsiones y el apoyo brindado a la autogestión, ante la notoria continuidad de proyectos convencionales de vivienda para sectores con mayores ingresos. Y, por otro lado, desde los que compartían la ideología del derecho a la vivienda junto al reclamo al Estado para dar satisfacción de las necesidades completas y/o específicas a cada situación familiar; aunque deba trasladarse al resto de la sociedad el costo total de la atención -a una cada vez más- creciente demanda. Mientras tanto ya era globalmente aceptado -entre analistas y estudiosos de experiencias habitacionales- que ningún Estado del sistema capitalista o socialista de la época, había podido asumir la producción y el mantenimiento del parque habitacional para abarcar satisfactoriamente la demanda total en tiempo y forma. A pesar de la reducción de costos de los nuevos programas (o 'acciones de vivienda'), concebidos con una lógica a partir de niveles/franjas de ingresos familiares y por ende, la consiguiente oportunidad de incorporar un mayor número de familias (ya que más unidades de desarrollo progresivo podían realizarse con el mismo monto global destinado a vivienda completa), las agencias públicas latinoamericanas no logran abarcar el déficit acumulado en necesidades habitacionales. Menos aún proveer con mediana eficacia, el acondicionamiento del suelo en la persistente expansión urbana con instalaciones y conexión al agua potable, saneamiento/drenaje y energía así como, del pavimento de vías, recolección+tratamiento de residuos e iluminación. En los hechos, la implantación o refuerzo de las prácticas discrecionales por parte de la burocracia y/o el poder político ya sea para tolerar (o reprimir) la venta clandestina de suelo y/o el acondicionamiento/equipamiento urbano del mismo, termina por instaurarse como el subsistema principal de 'hacer ciudad a la latinoamericana'. Aunque persisten reclamos mayoritariamente desatendidos en tanto los procederes y alcances de la participación vecinal no estuvieron legitimados, al tiempo que las inversiones públicas en vivienda convencional se mantuvieron como fruto de la alianza virtual o explícita en la época, entre empresarios y sindicatos de la construcción. Cabe recordar a su vez que desde fines de los setenta. impera una notable descoordinación de proyectos sectoriales relacionados con vías de circulación y redes de servicios urbanos, como resultado del financiamiento acordado entre los gobiernos nacionales/federales en su mayoría de facto con, bancos y agencias internacionales (Banco Mundial y BID). Transformaciones urbanas y regionales, enmarcadas en nuevas alianzas que terminan por subordinar a las municipalidades a un marcado centralismo del gobierno nacional en regímenes autoritarios. Situación que condiciona severamente, a todo intento de involucrar a la población en toma de decisiones y/o ajuste de esos proyectos a las condiciones locales. En esta conjunción de causas, la ciudad latinoamericana lejos de haber tendido a una progresiva a la eliminación de la dualidad ciudad-formal/ciudad irregular, parece haber acentuado su polarización. El Foro Hábitat-Berlín de 1987, es caja de resonancia de esas evaluaciones y, en el intento de superar algunas de esas trabas, se promueve el acercamiento entre autoridades y servidores públicos con las ONGs asesoras de organizaciones de pobladores que auto-administran iniciativas y/o proyectos en sus localidades. A diferencia con el Foro Hábitat del 76, en Berlín y en el conjunto de reuniones regionales promovidas hacia fines de los ochenta, se promueve una relación de los Estados con la gestión local y organizada de Pobladores. La experiencia uruguaya con Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua se constituye en un referente fundamental aunque 4