El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

diante un uso más lucrativo del suelo es el punto central de su perspectiva. Sin embargo, en nuestro caso, podría relativizarse esta aseveración pues, si bien la plusvalía resultante es indiscutible, tam– bién moviliza la acción del municipio su interés en obtener mejoras urbanísticas y otros fines sociales de interés público indiscutibles. 4) La puesta en marcha de estas operaciones exige también un andamiaje legal e institucional espe– cífico. Hasta el momento y debido al nivel de avance de este proceso, se limita al citado Convenio entre ONABE y la Corporación Puerto Madero y la Ordenanza municipal citada ut. supra. 5) Los actores sociales incluyen, además de los propietarios del suelo, una amplia gama de agentes vinculados a los mercados de bienes raíces y una multiplicidad de firmas consultoras o consultores e incluso pueden aparecer actores internacionales, estudios de ingeniería y arquitectura, además de otras entidades de profesionales que intervienen en los procesos de diseño y producción de los em– prendimiento. A esta coalición de intereses a favor del los GPU se suma una burocracia pública (elite gerencial). 6) Así como estos GPU aglutinan un entramado de intereses a favor de su desarrollo, también desen– cadenan fuerzas de oposición. En nuestro caso, es conocida la participación de la Sociedad de Arqui– tectos como "contra coalición" en defensa de los valores ambientales y urbanísticos que deberían ser preservados en la zona. Respecto de la relocalización del asentamiento Costa Esperanza, la decisión del municipio no tuvo grandes presiones a favor de la posible permanencia (radicación) de los pobla– dores en los terrenos del ferrocarril estatal, sino que el eje del conflicto se trasladó hacia los vecinos del municipio receptor de la población relocalizada quienes reclaman "por la preservación del medio ambiente·. En los últimos días, se ha sumado la acción desplegada por organizaciones de la socie– dad civil que reclaman participación en las decisiones vinculadas con la elaboración del Plan Maestro que el ONABE encargó a la Corporación Puerto Madero y priorizan el valor que los terrenos del ex ferrocarril tienen como patrimonio histórico cultural y reclaman "no perder- privatizar tierra pública" 7) El resultado final de estos GPU depende de la relación de fuerzas entre actores pro proyecto y la contra coalición. En el caso bajo estudio, el área a intervenir mediante este GPU reviste valor estratégico desde el punto de vista económico y urbanístico - verdadera "área de oportunidad"- e involucra decisiones de traslado de población no sólo del Asentamiento Costa Esperanza, sino también del Asentamiento Malargüe (ver Gráfico Nº 1) pues en el lugar que actualmente ocupa este grupo de familias se locali– zará la futura estación de ferrocarril de pasajeros. La visión del residente próximo: los vecinos del municipio receptor. Discriminación versus derecho a un lugar seguro y ambientalmente preservado. Tal como se viene desarrollando el proceso de relocalización, no parecería haber estado en cuestión el derecho a la vivienda de los pobladores del Costa Esperanza: tanto a nivel de la dirigencia política, como a nivel de vecinos del departamento receptor, se reconoce la necesidad imperiosa de estas familias de mejorar sus condiciones habitacionales. De hecho fueron incluidos como adjudicatarios en cuatro proyectos habitacionales en el departamento de Guaymallén: Belgrano 11, Dos Costas, Cap del Rosario II y Kilómetro 11. Del siguiente modo se expresan vecinos de Guaymallén frente a la posibili– dad de la instalación de los habitantes del Asentamiento: "Todos tienen derecho a una casa, pero cada uno en su lugar" (dirigente vecinal de Guaymallén, Diario Los Andes, 16/11/05) (el resaltado es nuestro] "Cada Municipalidad debe erradicar las villas que tiene, pero no mudarlas a otros depar– tamentos" (vecina, residente próxima, de Guaymallén" Diario Los Andes, 3112/05). (el resal– tado es nuestro] Como se anticipó, el eje del conflicto ha operado fundamentalmente signado por procesos de discri– minación hacia los sectores de pobreza extrema que han puesto en cuestión e/ "lugar" donde serian alojados los ex residentes del Costa Esperanza. En este sentido se han esgrimido, por un lado, ar– gumentos vinculados con los antecedentes de "peligrosidad" de los pobladores y, por el otro, se ha pretendido reivindicar derechos de los vecinos del municipio receptor para que sean priorizadas sus propias demandas habitacionales por sobre las de familias originarias de otros departamentos. Según como nos posicionemos en el binomio "nosotros/ los otros" la conducta puede ser tipificada como discriminatoria ("no queremos villeros cerca nuestro")- en este sentido, los vecinos de Guayma– llén estigmatizan a los futuros vecinos por su condición de "villeros"- o autosustentada bajo contra argumentos de "defensa de los derechos a residir en un entorno social, familiar sano y un medio am– biente protegido" y auto-percibirse como discriminados por la acción del Municipio que premia al "ville– ro" en la adjudicación de viviendas. Tal como sostiene Mario Margulis (1998: 11) "quienes son discriminados también discriminan....Es importante comprobar el alto grado de incorporación. por parte de los sectores menos favorecidos. de 5