El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

de tal forma que frente a la monolítica y persistente acción en vivienda oficial (costosa y llave en mano), no sólo se construyan nuevos barrios sino que implemente desde la combinación de diferentes opciones operativas un amplio abanico de posibilidades: Generación y regularización de tierra urbana. Provisión y manutención de infraestructura básica. Ajustes normativos. Procesos de regularización dominial. Provisión de alojamientos básicos o progresivos. Mejoramiento o rehabilitación de barrios. Completamiento y ampliación de viviendas existentes. Micro-créditos progresivos. Control de precios de insumos de construcción. Construcción de viviendas nuevas, entre otras. Construir viviendas resulta entonces ser sólo uno de los procesos incluidos dentro de la gestión local del hábitat, porque gestionar políticas de acceso a la tierra, favorecer mecanismos de producción (articulando demanda y oferta en el ámbito de la construcción), idear estrategias de financiamiento acorde a las capacidades reales de ahorro familiar, o promover procesos de consolidación y empoderamiento comunitario resultan otras tareas que incluye la gestión local del hábitat, desde la adhesión al concepto integral de vivienda y del derecho a la ciudad como "espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de derechos colectivos que permita asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades existentes" (VARIOS AUTORES, 2006). Las políticas socio- habitacionales vigentes. Sin embargo a nivel macro (nacional y provincial), las lineas políticas y de financiación vigentes no asumen hasta el momento estos nuevos postulados, replicando formas de abordaje centralizadas, sectoriales y limitadas, típicas de un modelo autárquico, administrativo· clientelar y de resultados sectoriales a corto plazo, que no superan las acciones coyunturales, respondiendo a históricas estructuras de poder y a lineamientos neoliberales. Unido a ello los arraigados mecanismos de corrupción, burocracia y tecnicismo existentes, generan deficiencias tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, poniendo de manifiesto la escasa eficiencia y eficacia de las acciones que se implementan. "Esta nueva generación de políticas basada en los procesos de reforma del Estado (llamadas políticas de "facilitación"), suponen por un lado la concertación de acciones y la delegación de responsabilidades hacia los actores que "tienen pleno conocimiento de los problemas reales de su región", pero a la vez esta "facilitación" de obstáculos económicos, actorales y regionales encierra una fuerte visión de mercado, que continúa reduciendo el problema estructural del hábitat a un "desajuste" de la oferta y la demanda. El cual, en apariencia, será solucionado si se encomienda al libre juego de las mismas, entendiendo a la vivienda como una mercancía en lugar de un bien social o un derecho de la familia y de los individuos" (ENET– GARGANTINI, 2003). De esta forma, en materia habitacional las líneas políticas macro continúan respondiendo predominantemente a las características de la obra pública mediante ejecución centralízada, empresarial por licitación o adjudicación directa; a una reducción de la inversión destinada a los sectores de menores recursos tras las propuestas de focalízación; a una descentralización que supone el traspaso de responsabilidades sin recursos y a un desvirtuado impulso participativo de la sociedad civil, que se reduce al simple aporte de mano de obra como forma de reducir costos, o a una práctica demagógica que varía según el color político de turno. Todos estos cambios, han producido la puesta en crisis del modelo de vivienda de interés social, lo cual agrava aún más la crisis, siendo ésta una de las causas de "la deslegitimación social sistemática de las instituciones públicas en cuanto al desempeño de las tareas y responsabilidades específicas" (EULA, 2000). Actualmente la doble vertiente interventora del Estado, es decir la política económica (asegurando el proceso de provisión basado en el mercado mediante ayudas y subvenciones a los agentes sociales implicados en el proceso) como la política social (que asegura la intervención sobre los segmentos sociales más desprotegidos al objeto de encauzar la contradicción que implica sus situaciones de infravivienda y deterioro residencial) están hoy presentes, pero con un marcado corte centralizador y reduccionista de la vivienda. Ponencia V Jornada Internacional de Vivienda Social· Mgtr. Arq. Daniela Gargantini 3