El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

La perspectiva de derechos en las políticas sociales y habitacionales en América Latina Raúl Femández Wagnerl UNGS 12007 terreno depende de su constructibilidad, la cual estará dada, en general por el contexto urbano y en particular por la planificación. Para agravar aún más las cosas, en nuestros países el civilismo jurídico es complementario de una práctica de la planificación urbana tecnocrática que ha significado que el crecimiento urbano de nuestras ciudades se haya desarrollado en condiciones de "laissez faire" normativo, tanto para las inversiones inmobiliarias, como para la urbanización informal. Cuando hubo alguna intervención del Estado significativa, se dio en el marco de una planificación tecnocrática, por lo general muy alejada de las reales condiciones de acceso al suelo urbano y la vivienda de la población. Por otra parte, /a gestión de los derechos de propiedad se ha visto agravado por una practica excesivamente burocrática, donde los contratos, los registros inmobiliarios y reglas de acceso al crédito formal, son patrimonio de un circulo selecto de gestores (que comprende abogados, escribanos y funcionarios públicos) cuyo lenguaje encriptado y alto costo constituyen una barrera infranqueable para buena parte de la población, especialmente los más pobres, cuyos derechos se ven despojados en esta compleja trama. Por ello, la planificación tecnocrática que -si bien se justificaba por su supuesto beneficio general- ha sido concurrente con la obtención de rentas extraordinarias de los especuladores inmobiliarios. En este contexto se ha consolidado -como una regla que no se discute- que /as ganancias provenientes del planeamiento urbano o la obra pública son derechos adquiridos de los propietarios. Edesio Fernandes asegura que ".. .es a partir de la concurrencia de civilismo jurídico y tecnocracia que se explica la producción de ciudades más injustas, con espacios de segregación y reproducción de la ilegalidad urbana, a causa del incentivo a la retención especulativa del suelo urbano, la degradación ambiental, los daños al patrimonio cultural, y la producción de asentamientos informales, esencialmente precarios..". Por todo ello, la demanda social por el reconocimiento de la función social de la propiedad como punto de partida del desarrollo de una política efectiva de suelos, elaborada a partir de la separación del derecho de propiedad del de construir, es sin dudas un imperativo. La realidad de nuestras ciudades demanda avanzar en instrumentos urbanísticos y dispositivos de recuperación de plusvalías, así como una política impositiva sobre el suelo (impuesto predial) que asegure una más justa distribución de las cargas y beneficios del proceso de urbanización. 6. La lucha por la reforma urbana Por todo ello, en varios países de la región actúan con un resonante reclamos, un conjunto de organizaciones internacionales (Habitat lnternational Coalition HIC, Centre of Housing Rigths and Evictions COHRE, lnternational Alliance of lnhabitants, etc.) redes internacionales o regionales (URBE VIVA, ISU, entre otras muchas) y un sinnúmero de movimientos de base organizaciones comunitarias, alzando su voz por el derecho a la ciudad denunciando abusos y criminalización de los más pobres, despojos de tierras. desalojos urbanos, desplazamientos de los más pobres a las periferias, conflictos con las viviendas y tierras públicas, entre las principales luchas que enmarcan tanto el derecho a la vivienda como el derecho a la centralidad, o el derecho al agua, en los casos de las luchas por la misma como bien social. La Reforma Urbana, siguiendo el ejemplo del Foro de la Reforma Urbana de Brasil, comienza a plantearse en otros países (como en Argentina) a fin de luchar por una restauración plena de derechos en torno al derecho a la ciudad, que comprenda desde la función social de la propiedad, la separación del derecho a construir del derecho de propiedad, la importancia de la planificación participativa y democrática de la ciudad, hasta el desarrollo específico de un conjunto de instrumentos, que aseguren que los beneficios y las cargas del proceso de (12]