El derecho a la ciudad y la vivienda : Propuestas y desafíos de la realidad actual: XIII Encuentro ULACAV; V Jornada internacional de vivienda social

La perspectiva de derechos en las políticas sociales y habitacionales en América Latina Raúl Femández Wagnerl UNGS 12007 Las políticas de regularización de lo irregular y/o informal tienen un nuevo impulso también derivado de las ideas de Hernando de Soto quien propone que la entrega de títulos individuales de propiedad, mejora las condiciones de los más pobres a partir de su integración económica al sistema formal y particularmente en el acceso al crédito, posibilitado por tener títulos de propiedad como respaldo. Es decir la pobreza se "vence" mediante la expansión del sistema de la propiedad privada (absoluta e individual). La gestión y reconocimiento jurídico de los barrios propone la integración plena de estas poblaciones al sistema de la propiedad del suelo. En términos específicos -la preocupación central expresada por De Soto- esta política permite "volcar en el mercado una cantidad de capital que antes permanecía inactivo", es decir capital que pasa a circular por la banca formal y es sacado del mundo de las relaciones informales. La figura del "derecho a la regularización" aquí pasaría a estar asociada al derecho a operar en el mercado formal. La experiencia ha demostrado que la entrega de títulos entre los más pobres, no necesariamente repercute en una mejora socioeconómica de la población. 4. Es posible reinstaurar una actuación habitacional basada en la protección de derechos.. ? Luego del desarme de los seguros universales y la restauración neoconservadora de las relaciones plenas de mercado de los principales bienes y servicios urbanos, tiene lugar un proceso mundial de crecimiento especulativo de los mercados inmobiliarios, que agrava enormemente los problemas de acceso a la ciudad y a la vivienda. En este nuevo escenario el derecho a la ciudad, el derecho a la centralidad, y el derecho a la vivienda, constituyen la bandera principal de lucha de los movimientos sociales urbanos en toda América Latina. La nueva cuestión es entonces... ¿si es posible reinstaurar un conjunto de políticas sociales, y en particular, políticas urbanas y habitacionales basadas en la protección de derechos..? El desafío es enorme, pues además... ¿cómo se puede instalar nuevamente el debate por el derecho a la vivienda, cuando la población urbana por los sucesivos procesos y en particular por las características de las políticas sociales, aún en curso, son despojadas de sus derechos.. ? Algunos especialistas en políticas sociales, están planteando volver a considerar de nuevo el universalismo de las políticas sociales. Habiéndose comprobado, que las políticas universales, constituyeron el momento de mayor integración social y redistribución de la riqueza en la historia. Sin duda las condiciones para un restablecimiento de un sistema basado en el reconocimiento de derechos de ciudadanía, enfrenta la gran dificultad en que ya no se podría organizar un sistema de tal envergadura en torno al trabajo. Un reciente estudio en 18 países de la región (Martínez Franzioni J. 2006) permite constatar que los regímenes de bienestar latinoamericanos ". ... comparten un rasgo común: a la luz de mercados laborales ineficientes y de políticas públicas débiles o inexistentes, el ámbito doméstico y el trabajo femenino en particular, desempeña un papel central sin el cual no es posible dar cuenta de la asignación de los recursos que tiene lugar en la región.. ". El mismo trabajo destaca que, a su vez existen claros patrones diferenciadores: " ... hay países en los que el Estado tiene un papel y países en los que no; países que gravitan en torno a las familias y al trabajo no remunerado y países que no.. .'' 13 13 Tres son los tipos que dicho estudio se identifican, según el papel del Estado y el grado de familiarización del manejo de riesgos: estatal-proteccionista (como Costa Rica o Uruguay), estatal-productivista (como Argentina y Chile), y familiarista (como Ecuador o Nicaragua). En este último conglomerado hay diferencias de grado y, algunos países (como Bolivia o Nicaragua) presentan mercados laborales y políticas públicas aún más débiles o inexistentes, dando paso a exigencias aún mayores hacia el ámbito doméstico. [9]