1. Impunidad/persecución de la corrupción
La impunidad frente a los hechos de corrupción es una cuestión central
en la agenda actual. No hay países en la región con altos niveles de
corrupción que muestren a la vez un poder judicial independiente capaz
de garantizar mínimamente que se aplicarán sanciones a los infractores.
Existe suficiente documentación en cuanto al efecto que esto genera en
los incentivos de los actores públicos y privados. En especial, la sensación
de impunidad lleva a confirmar la irrelevancia del respeto por la ley, tanto
por parte de aquellos que la transgreden normalmente como por parte
de aquellos que normalmente observan la ley, pero pueden enfrentarse
a situaciones específicas de posible apartamiento de las normas. La
impunidad se extiende no solamente a delitos contra la administración
cometidos por funcionarios públicos, sino que además comprende otros
delitos –en especial los delitos de cuello blanco– que gozan del mismo
grado de impunidad en muchos de los países de la región.
2. “Captura del Estado”
Utilizo esta expresión dado que se ha convertido en casi un término de arte.
Refleja el siguiente problema: la posibilidad de que el sector privado controle
al sector público que específicamente debe regularlo a fin de (a) evitar ser
regulado de manera objetiva, imparcial e independiente, (b) evitar multas
u otras medidas administrativas adversas y (c) favorecer al propio sector
por sobre otros sectores en la típica puja redistributiva de los recursos
públicos. Desde luego existen otras razones por las cuales el sector pri-
vado busca la captura del regulador, pero estas son las principales. Los
ejemplos abundan: sistema financiero de los EE.UU., sistemas de obras
sociales capturados por entidades sindicales en varios países de LAC,
sistemas de protección arancelaria o regímenes tributarios especiales
para sectores industriales, etc. Muchos de estos beneficios se obtienen
mediante contribuciones partidarias y en algunos casos a través del pago
directo de sobornos. En cualquier caso, los montos por transferencias
económicas que se producen por estas maniobras son seguramente los
más significativos en materia de impacto de la corrupción.
Si bien el documento muestra dos enfoques sectoriales (MeTA, EITI), estas
son respuestas que no se entienden cabalmente si no se describe cuál es el
problema subyacente. La captura del Estado es concomitante al problema
de la desarticulación del sector público. Los países en los cuales no existen
carreras administrativas, o una política de control de conflictos de interés o
una política de control de las contribuciones políticas desde luego son más
proclives a un Estado débil y, por lo tanto, pasibles de captura.
46
