Políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay

297 Ficha de registro políticas públicas de Verdad y Memoria Ficha Nº 1 País Nivel administrativo Perú Nacional Nombre de la política Comisión de Verdad y Reconciliación Año Tipo de política 2001 Creación de instituciones y redes Norma de creación Organismo implementador Decreto Supremo Nº 065-2001-PCM Presidencia de la República / Presidencia del Consejo de Ministros. Descripción El Gobierno Transitorio presidido por el Dr. Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad el 4 de junio del 2001 mediante Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, la misma que fue ratificada y complementada por el Dr. Alejandro Toledo el 4 de septiembre del mismo año, denominándose finalmente Comisión de la Verdad y Reconciliación (Decreto Supremo N°101-2001-PCM). Los miembros de la Comisión fueron designados por R.S. Nº438-2001-PCM y R.S. Nº 330-2001-PCM, y fue presidida por el Dr. Salomón Lerner, en ese entonces Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los comisionados fueron la Dra. Beatriz Alva, el Dr. Rolando Ames, Monseñor José Antúnez de Mayolo, el Tnte. Gral. (r) Luís Arias, el Dr. Enrique Bernales, el Dr. Carlos Iván Degregori, el Padre Gastón Garatea, el Pastor Humberto Lay, la Dra. Sofía Macher, el Ing. Alberto Morote, y el Ing. Carlos Tapia. El plazo de vigencia de la CVR fue prorrogado por D.S. Nº063- 2003-PCM, hasta el 31 de agosto de 2003. El objetivo de la Comisión de Verdad y Reconciliación fue esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos. La Comisión de la Verdad buscaba propender la reconciliación nacional, el imperio de la justicia y el fortalecimiento del régimen democrático constitucional. Específicamente, buscó: 1.Analizar las condiciones políticas, sociales y culturales, así como los comportamientos que, desde la sociedad y las instituciones del Estado, contribuyeron a la trágica situación de violencia por la que atravesó el Perú; 2. Contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales respectivos, cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de los derechos humanos por obra de las organizaciones terroristas o de algunos agentes del Estado, procurando determinar el paradero y situación de las víctimas, e identificando, en la medida de los posible, las presuntas responsabilidades; 3. Elaborar propuestas de reparación y dignificación de las víctimas y de sus familiares; 4. Recomendar reformas institucionales, legales, educativas y otras, como garantías de prevención, a fin de que sean procesadas y atendidas por medio de iniciativas legislativas,