Políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay

269 Ficha de registro políticas públicas de Verdad y Memoria Ficha Nº 29 País Nivel administrativo Chile Nacional Nombre de la política Creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos Año Tipo de política 2009 Creación de instituciones y redes Gestión de documentación y archivos Educación, investigación y difusión Norma de creación Organismo implementador Ley n° 20.405 Instituto Nacional de Derechos Humanos Descripción El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una corporación autónoma de derecho público creado por la ley Nº 20.405. Su directora es Lorena Fries Monleón, y cuenta con las siguientes concejeras y consejeros: María Luisa Sepúlveda, Pamela Pereira, Miguel Luis Amunátegui, Roberto Garretón, Manuel Núñez, Luis Hermosilla, Luis Díaz, Enrique Núñez y Claudio González. Tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional. En relación a Verdad y Memoria, el Instituto tiene por función custodiar y guardar en depósito los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (todo ello una vez concluidas las funciones de éstos); por la Comisión de Prisión Política y Tortura, y por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, concluidas las funciones de la misma. En el cumplimiento de este objetivo, deberá recopilar, analizar y sistematizar toda información útil a este propósito; también podrá solicitar información acerca del funcionamiento de los mecanismos reparatorios e impulsar, coordinar y difundir acciones de orden cultural y simbólico, destinadas a complementar el respeto a los derechos humanos y a reivindicar a las víctimas y a preservar su memoria histórica. Asimismo, podrá solicitar, reunir y procesar el conjunto de la información existente en poder de entes públicos o privados, que diga relación con las violaciones a los derechos humanos o la violencia política a que se refiere el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En sus Normas Transitorias, la Ley n° 20.405 dispone el establecimiento de una Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura , cuyo objetivo será la calificación de antecedentes presentados por o para personas que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas, o sean víctimas de desaparición forzada o ejecuciones políticas, en los casos en