Políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay

264 Ficha de registro políticas públicas de Verdad y Memoria Ficha Nº 25 País Nivel administrativo Chile Nacional Nombre de la política Catastro Memoriales de Derechos Humanos y Publicación Año Tipo de política 2007 Educación, investigación y difusión Norma de creación Organismo implementador Sin información disponible Ministerio de Bienes Nacionales Descripción En convenio con la FLACSO el Ministerio de Bienes Nacionales realizó un catastro sobre memoriales que en Chile estén asociados a víctimas de violaciones a los derechos humanos, y estudios de caso sobre ocho sitios emblemáticos de memoria. Como resultados relevantes de la investigación se concluye que: a) la mayoría de los memoriales del país han sido originados desde la sociedad civil, siendo aproximadamente un 40% de ellos realizados con financiamiento exclusivamente de origen privado, 23% ha tenido únicamente financiamiento aportado por el Estado, y un 27% reporta un financiamiento de origen mixto, b) la mayoría de los memoriales se concentra en la Región Metropolitana y c) sobre un 40% de los memoriales catastrados se inauguraron desde el 2003 (año del aniversario de los 30 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973) en adelante. Como conclusiones el estudio advierte que: a) los procesos de memorialización se extienden a lo largo de todo el país, coincidiendo con la amplia extensión de las prácticas represivas y violencia de la dictadura, b) habría tres categorías de memoriales de acuerdo a los motivos y usos que se dan al homenaje de las víctimas, c) los estudios de caso relevan que los memoriales responden a las necesidades de duelo de las personas cercanas a las víctimas, d) los memoriales que se encuentran en los espacios públicos no se encuentran en las mejores condiciones, lo que refleja un vacío en la responsabilidad de la mantención, e) que el contexto político institucional de transición ha sido determinante en la forma que ha presentado el proceso de memorialización, f) que la relación entre los actores involucrados en el proceso, especialmente entre las agrupaciones de derechos humanos y el Estado, no ha estado exentas de conflictos y tensiones, g) que estas agrupaciones mayormente inscriben sus demandas de memoriales dentro de las demandas por verdad y justicia, y que es menor y más reciente la demanda por la memoria, h) a nivel local, la participación de los municipios ha sido clave, siendo mayor el compromiso de las alcaldías que cuentan con líderes de orientación política pro-Concertación (la Concertación es un conglomerado de partidos políticos de izquierda que se originó como “Concertación de Partidos por el No” cuando el país debió votar Si o No a la permanencia de Pinochet en el poder, en el plebiscito de 1988), y i) el proceso de memorialización no se ha constituido como espacio público para instancias de reflexión y debate para el diálogo democrático, la participación y el conocimiento de la historia, y ha permanecido mayormente como mecanismo de reparación simbólica.