Políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay

23 pública que pudieran, en el largo plazo, favorecer una amplia variedad de estrategias de construcción de democracia” 29 . Finalmente, un punto alto en el debate sobre las políticas de memoria puede apreciarse en las interrogantes acerca del rol que le compete al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de memoria. Hay quienes sostienen que el Estado debe tener un rol acotado en la construcción de las memorias, y que las políticas públicas debieran garantizar únicamente dos aspectos: acceso a la información y participación. El primer aspecto consistente en el derecho a acceder a la información en poder del Estado relativa a las violaciones a los derechos humanos y al pasado autoritario se lograría, por ejemplo, mediante la desclasificación de información y la creación de archivos. El segundo aspecto consistiría en el derecho a participar en la elaboración de la memoria pública. Es decir, el Estado debería abocarse a facilitar mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía en la construcción de esa memoria, pero abstenerse de definir su contenido. En este sentido, y según esta forma de verlo, no debiera ser preocupación de los Estados democráticos la definición de las narrativas que compongan la esfera pública de la memoria 30 . Por otra parte, hay quienes afirman que las políticas públicas relacionadas a la memoria no pueden permitir la pluralidad total, en el sentido que habría ciertos consensos o principios que no se pueden poner en discusión, como es el caso de los principios democráticos y los derechos humanos. Desde esta perspectiva, el Estado debe preocuparse de la defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito de la memoria pública, lo que supone un cuestionamiento sobre la legitimidad de las narrativas que desafían los esfuerzos por el nunca más 31 . Esto es especialmente complejo, si se tiene en cuenta que las demandas que se hagan al Estado en relación a lo que debe ser recordado desde el ámbito público provendrán desde distintos espacios de la sociedad, como asociaciones de familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, 29 FLACSO. Memorialización y Democracia: Políticas de Estado y Acción Civil. Santiago, 2007, Págs. 9. Disponible en: www.flacso.cl/getFile.php?file=file_4a243be5a410c.PDF 30 Tzvetan TODOROV y Ricard VYNYES son autores que han defendido esta línea en el debate, en Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000, el primero, y en el Seminario Internacional “Experiencias Nacionales e Internacionales sobre Museos de Memoria” realizado en Santiago de Chile, el 5 y 6 de noviembre de 2009, por el Ministerio de Bienes Nacionales y FLACSO- Chile, el segundo. 31 Esta línea fue abordada en el informe de la Conferencia Internacional Memorialización y Democracia: Políticas de Estado y Acción Civil , realizada en Santiago de Chile entre el 20 y 22 de junio de 2007, por FLACSO-Chile, ICTJ y Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Versión digital disponible en: http://www.flacso.cl/getFile.php?file=file_4a243be5a410c.PDF