Políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay

232 Ficha de registro políticas públicas de Verdad y Memoria Ficha Nº 3 País Nivel administrativo Chile Nacional Nombre de la política Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación Año Tipo de política 1992 Creación de instituciones y redes Norma de creación Organismo implementador Ley 19.123 Ministerio del Interior Descripción La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) funcionó entre 1992 y 1996 con el objetivo de coordinar, ejecutar y promover las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR). Entre sus tareas estuvo: 1. Promover y coadyuvar a las acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no han sido ubicados. En el cumplimiento de este objetivo deberá recopilar, analizar y sistematizar toda información útil a este propósito. 2. Guardar en depósito los antecedentes reunidos tanto por la CNVR como por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y todos aquellos que, sobre casos y asuntos similares a los por ella tratados, se reúnan en el futuro. Podrá asimismo, requerir, reunir y procesar el conjunto de la información existente en poder de entes públicos, así como solicitarla a entes privados, que diga relación con las violaciones a los derechos humanos o la violencia política a que se refiere el Informe de la CNVR. 3. Recopilar antecedentes y efectuar las indagaciones necesarias para dictaminar en aquellos casos que conoció la CNVR y en que no le fue posible formarse convicción respecto de la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política del afectado o respecto de casos de la misma naturaleza, sobre los que no tuvo conocimiento oportuno o, habiéndolo tenido, no se pronunció sobre ellos por falta de antecedentes suficientes. La Ley 19.123 declara que conocer la ubicación de las personas detenidas desaparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena. La Corporación emitió el “Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de violencia política” en 1996. Instituciones que participan No registra