Políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay

13 5) Reconocimientos públicos: incluye placas conmemorativas; reconocimientos a organizaciones de víctimas; o el quitar reconocimientos que conmemoren circunstancias de las dictaduras; 6) Educación, investigación y difusión: incluye desarrollo de recursos pedagógicos, concursos para estudiantes, programas de sensibilización, talleres para profesores, políticas educativas, investigaciones encomendadas por el Estado o su financiación; 7) Gestión de documentación y archivos: incluye la creación de archivos históricos, desclasificación de archivos, recopilación de documentación en poder de particulares o de instituciones del Estado, traspaso de documentación entre instituciones, o creación de listados de víctimas o catastros inmobiliarios; 8) Otros: hay 2 proyectos en esta categoría (una en Uruguay, referida a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, Uruguay - Ficha Nº 3; y otra en Chile referida a una ley que establece la obligación de secreto para quienes reciban información conducente a la ubicación de los detenidos desaparecidos, Chile - Ficha Nº 10.) Sobre los pedidos públicos de perdón . Este estudio hace referencia, en la presentación de cada país, a los perdidos públicos de perdón en nombre del Estado que distintas autoridades públicas hubieran ofrecido a la población. Si bien constituyen un hecho muy relevante en términos del reconocimiento público de la verdad, los hemos entendido –en sí mismos- como una declaración política más que como una política pública. Cómo se presenta la información. Las políticas públicas encontradas están organizadas en orden cronológico, lo que permite comprender cómo se han ido gestando estas políticas a lo largo del tiempo. Para visibilizar las iniciativas que están relacionadas pero separadas en el tiempo, se ha aludido a esto en el apartado de “comentarios” de cada ficha. Qué cosas no dice este trabajo. Es importante tener en cuenta que el registro de las políticas identificadas en este trabajo no es exhaustivo . Es muy difícil identificar cada una de las políticas públicas de verdad y memoria de los siete países, en los distintos niveles administrativos, para períodos de tiempo que abarcan un promedio de 20 años. Es por ello que seguramente, a pesar de nuestro esfuerzo, habrá iniciativas de las que no se dé cuenta aquí. Por esta razón, un análisis del contenido de este trabajo no puede arrojar conclusiones respecto a la cantidad de iniciativas que han tenido los Estados en este