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2.
El sistema judicial de Haití y el problema de la impunidad
157.
La Comisión recibió informaciones contradictorias con respecto a la existencia efectiva
de interferencia con respecto a la independencia de los jueces. Miembros de la Corte Suprema,
por ejemplo, señalaron que eran totalmente independientes, y que bajo el actual Gobierno no
habían sufrido interferencia política alguna. Al mismo tiempo la Asociación de Magistrados se
quejó de que el Ministerio de Justicia había interferido en la labor de la judicatura solicitando a los
tribunales de primera instancia de algunas jurisdicciones que redistribuyeran determinados casos
entre los magistrados de instrucción. Si bien autoridades gubernamentales, incluidos el Primer
Ministro y el Ministro de Justicia, admitieron esos hechos, explicaron que se trataba de medidas
necesarias para hacer frente al problema de la corrupción, que según manifiestan es prevalente
ante algunos magistrados. La Comisión debe hacer hincapié en que intervenciones del Poder
Ejecutivo de ese género en el manejo de casos específicos que tienen ante sí los tribunales
son impropias y comprometen gravemente la imparcialidad de los tribunales. Si se plantean
preocupaciones referentes a la posible existencia de corrupción dentro del Poder Judicial, se les
debe hacer frente a través de la creación y aplicación de un adecuado sistema de supervisión
judicial, cuestión que se analiza más abajo.
[…]
159.
Además, la Comisión ha recibido informes de varias fuentes, incluidos defensores de
los derechos humanos, y miembros de la comunidad internacional, confirmados por miembros
seleccionados del Gobierno de Transición, según los cuales la corrupción es un problema en el
sistema judicial, y es un hecho frecuente el intento de sobornar a miembros del sistema judicial
a cambio de sentencias favorables a los intereses de una parte. El hecho de que los salarios de
los jueces sean tan bajos, que sus condiciones de trabajo sean extremadamente difíciles, y el
hecho de que el Estado no esté en condiciones de brindar seguridad adecuada a su población se
conjugan para crear un entorno favorable al soborno y el sometimiento de los jueces a la presión
política, ya que a los magistrados suele no quedarles otra alternativa que someterse a esas
intervenciones para subsistir y mantener a sus familias y evitar ataques físicos e intimidaciones.
160.
La Comisión cree que para hacer frente a ese fenómeno se requieren múltiples medidas.
Como se verá más abajo, la creación de un
Conseil Supérieur de la Magistrature
, funcional y
dinámico, podría reducir considerablemente la tendencia a una influencia de protagonistas
externos sobre los magistrados. El CSM podría ser especialmente eficaz si realiza un estrecho
control de los jueces y de los tribunales, y se elabora un código de ética o de conducta para los
jueces, que éstos tendrían que cumplir, y que diera lugar a sanciones en caso de comprobación
de actos violatorios del código, así como a la formulación de imputaciones penales a quienes
intenten sobornar o amenazar a los jueces. A este respecto, según miembros de organizaciones
de derechos humanos y miembros de la PNH, no se ha comprobado que ningún juez haya sido
procesado por cargos de corrupción. Esta información demuestra que el problema de la corrupción
que, según se percibe, afecta al sistema judicial, continúa sin control alguno, lo que implica que
se trata de una práctica tolerable y a su vez perpetúa un ciclo de corrupción e impunidad por esos
delitos. Esa práctica afecta gravemente a la confianza del público en la integridad del sistema
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