Justicia constitucional y derechos fundamentales
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norma que permitía aumentar los precios de los planes de salud en consideración
al sexo o la edad del afiliado.
Seguir la pista de la jurisprudencia desarrollada en torno al derecho a la salud
resulta fundamental. Chile es un país en el que los tribunales han dado especial
atención a las afectaciones a las libertades, mostrándose renuentes a pronunciarse
sobre derechos económicos y sociales (lo que se explica, entre otros factores, por la
ideología neoliberal que predominó en la dictación de nuestra Constitución). Sin
embargo, en la jurisprudencia que comentamos se ha empezado a reconocer que
existen distintas responsabilidades de los tribunales, del Estado y los privados en el
aseguramiento de derechos económicos, sociales y culturales.
Otra materia que ha sido objeto de nuestra especial atención en el análisis juris-
prudencial dice relación con las condiciones carcelarias, por ser un ámbito donde
se producen las más graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en
Chile. La sentencia que seleccionamos se dictó a propósito del drama vivido a co-
mienzos de este año con el incendio de una de las cárceles más sobrepobladas. En
esta sentencia, y tal como ocurrió en un caso que comentamos en la anterior publi-
cación de esta serie, la Corte Suprema impuso obligaciones al Estado para mejorar
las condiciones de los internos.
Además, en este informe hemos incorporado tres importantes sentencias en ma-
teria de educación, derecho de asociación y no discriminación por orientación sexual.
II. RESEÑA DE SENTENCIAS
1. Sentencia de la Corte Suprema que obligó
al Estado a otorgar prestaciones médicas
2
Esta sentencia se enmarca en una línea jurisprudencial de los tribunales ordina-
rios en la que lentamente se han ido definiendo obligaciones del Estado de en-
tregar tratamientos médicos a pacientes gravemente enfermos aun cuando estos
no se encuentren contemplados en los planes del sistema de salud público. Esta
sentencia, que acogió un recurso de protección, supone un nuevo avance en la ju-
risprudencia de la Corte Suprema que ha sido renuente a reconocer este tipo de
obligaciones del Estado.
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Sentencia de la Corte Suprema, rol 8902-2010, de 26 de enero de 2011.
