Derechos humanos y mujeres: teoría y práctica

a las personas en los Estados Unidos frente a la violencia doméstica y que ofrece recursos civiles contra los perpetradores y otros actores responsables son leyes y ordenanzas estatales y locales. Por lo tanto, en los últimos 20 años, los estados han adoptado una serie de nuevas leyes para mejorar los mecanismos de respuesta de los sistemas de la justicia penal y civil ante la violencia doméstica. 99. Por último, los peticionarios han presentado una serie de estadísticas disponibles que señalan las tasas alarmantes de violencia doméstica en el estado de Colorado, cifras que no fueron controvertidas por el Estado. Aproximadamente, la mitad de los homicidios de Colorado son cometidos por compañeros o excompañeros íntimos y las víctimas son, en gran desproporción, mujeres. En promedio, en un período de tres años, el 45% de las mujeres víctimas de homicidio en todo el estado de Colorado fueron asesinadas por un compañero íntimo. […]. Entre el 2000 y el 2005, 17 niños resultaron asesinados durante incidentes relacionados con la violencia doméstica. 100. Los peticionarios presentaron asimismo elementos recogidos en artículos periodísticos que indicaban que el número de casos fatales relacionados con la violencia doméstica continúa en aumento en Colorado, y con alarmante frecuencia desde el asesinato de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales. […]. […] El derecho a la igualdad ante la ley y la obligación de no discriminar (artículo II), el derecho a la vida (artículo I) y el derecho a una protección especial (artículo VII), establecidos en la Declaración Americana [...] 105. Los peticionarios argumentan que la discriminación en la violación del artículo II de la Declaración Americana fue el hilo conductor en todas las presuntas fallas del estado en no garantizar los derechos de Jessica Lenahan y de sus hijas, consagrados en dicho instrumento. Sostienen que las fallas del estado en no responder adecuadamente a las llamadas de Jessica Lenahan en relación con la orden de protección, en no investigar la muerte de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, y en no ofrecerle un recurso adecuado por la inacción policial en implementar la orden de protección, constituyeron actos de discriminación en violación al derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, establecidos en el artículo II de la Declaración Americana. Agregan que el deber del estado de proteger a estas víctimas de la violencia doméstica tenía un alcance amplio, involucrando también su derecho a la vida y su derecho a una protección especial, consagrados en los artículos I y VII de la Declaración Americana, dadas las circunstancias fácticas del presente caso. Los peticionarios alegan que la Declaración Americana impone al Estado el deber de adoptar medidas para respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos en ella consagrados; una obligación que en ciertas circunstancias requiere acción estatal para prevenir y responder a la conducta de particulares. Invocan asimismo el principio de la debida diligencia para interpretar el alcance de las obligaciones estatales bajo la Declaración Americana en casos de violencia contra las mujeres; obligaciones que consideran el estado no cumplió en este caso. 106. El estado, por su parte, rechaza los argumentos de los peticionarios afirmando que nadie pudo haber previsto los homicidios trágicos de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales. Por lo tanto, el estado reitera que sí actuó con diligencia para proteger sus vidas, sobre la base de la información de la cual disponía el Departamento de Policía de Castle Rock al momento de los hechos. El estado también sostiene que 298 Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica