Enfrentando los cambios globales: anuario de políticas exteriores latinoamericanas: 1991-1992

COLOMB1A: V1EJOS DESAFlOS, NUEVAS OPORTUN1DADES 145 no por simples motivos morales o éticos sino por razones prácticas de eficacia, simetría y operatividad. Un nuevo criterio aplicado por la administración Gaviria al problema de las drogas tiende a un tratamiento dual del mismo, mediante la neutraliza– ción del narcoterrorismo y la reducción del narcotráfico. Se ha comprendido que la estrategia más viable no es la "guerra" irrestricta, sino aplicar una política de "contención"; es decir, controlar su expansión, revertir su conso– lidación y evitar su evolución. Ello surgió como resultado de una evaluación realista del esfuerzo colombiano contra las drogas. En efecto, desde 1984 se incrementaron sensiblemente las confiscaciones de cocaína, llegándose en 1988 a 23 toneladas, en 1989 a 37, en 1990 a 53 y en el primer semestre de 1991 a 50 toneladas. ASÍ, el 80% del total de la reciente interdicción de cocaína en el mundo se ha llevado a cabo en Colombia, por colombianos. Paralelamente, en 1984 y 1991 se destruyeron en el país apro– ximadamente 5.000 laboratorios de cocaína; lo cual significa que en Colombia se desmantela el 85% del total mundial de centros de procesamiento. Desde 1984 hasta la fecha, se han producido 4.200 arrestos anuales promedio en relación a la persecución del narcotráfico. También entre 1984 y 1990 se erradicaron aproximadamente 36.000 hectáreas de marihuana, más 5.000 hectáreas de coca. A todo ello se debe agregar que entre 1985 y 1990 se produjeron 38 extradiciones de colombianos a Estados Unidos. Finalmente, cabe añadir la creciente militarización de la lucha contra las drogas, estimu– lada desde el Ejecutivo en Washington. Las cifras son elocuentes: mientras que en 1985 la asistencia militar estadounidense era de 800 mil dólares, en 1989 pasó a 72 millones y en 1990 a 90 millones. Es llamativo que mientras la policía antinarcóticos captura, incauta y destruye el 90% de los componentes ligados al cultivo, procesamiento y tráfico de drogas, las Fuerzas Armadas (en particular, el Ejército) reciben el 75% de la ayuda militar norteamericana para combatir el negocio de la cocaína. La efectividad para desarmar y resquebrajar este emporio ilegal descansa, para el gobierno colombiano, en una justicia operante, en una policía técnicamente dotada yen una inteligencia sofisticada de apoyo, más que en una parafernalia bélica en manos militares que se encargan de condu– cir una "guerra" absolutamente anormal que obra contra la controversia interna, y en detrimento logístico, operativo y moral de las Fuerzas Armadas del país. El gobierno de Gaviría, entonces, ha asimilado las enseñanzas de más de una década de enfrentamiento abierto, pero sin horizonte estratégico claro, contra el problema de las drogas, y ha replanteado la política ante dicho fenómeno. La posición del gobierno norteamericano ha sido la opuesta: continuar trasladando los costos de la lucha contra las drogas a Colombia, seguir convirtiendo este asunto en el centro de la agenda entre los dos Estados y estimular la utilización pennanente de medidas represivas para abordar este