Propiedad industrial e intelectual y desarrollo tecnológico

Mauricio Guerrero 176 además representantes de organismos internacionales como el BID, Comu– nidad del Canbe (CARICOM), CEPAl.., Junta del Acuerdo de Cartagena, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas sobre Empresas Transna– cionales y la OMPI. Eo esta reunión se aprobaron las pautas para que la SecretaIÍa Permanente del SErA propusiera al Consejo Latinoamericano la institu– cionalización, en el marco del SELA; de un Foro Latinoamericano y del Caribe en materia de Propiedad Intelectual. Asimismo, se aprobó una orientación para que, en ese Foro, se prevean las acciones para el gradual establecimiento de un Sistema Latinoamericano de Patentes. Una situación bastante curiosa que vale la pena destacar es que, a diferencia de la posIción adoptada por las autoridades del Grupo Andino que prohibió en forma expresa la adhesión de los Países Miembros del mismo a acuerdos internacionales como el Convenio de París, manejado por la OMPI, el SErA actuó en forma muy estrecha con esa institución, tanto que estas reuniones fueron copatrocinadas por el SErA y la OMPI. Es importante hacer notar que, al momento de aprobarse la Decisión 85 del Grupo Andino, la OMPI -como continuadora del BIRP- era la organización privada más destacada en la defensa del monopolio de las patentes y promovía su aplicación en la mayor cantidad posible de países en el mundo. De esta forma, su labor era decisiva en defensa de los intereses de los países desarrollados y más que de los países en desarrollo. Sus esfuerzos por obtener la aprobación del Convenio de París en el mayor ámbito posible, fueron muchos y muy variados, pero no llegó a convencer a los países en desarrollo acerca de sus presuntos beneficios. A pesar de la participación seria y responsable en la búsqueda de una norma– tiva que fuese más beneficiosa en favor de esos países, de quien fuera durante muchos años el Secretario Ejecutivo de la OMPI, Marino Porzio, resultaba muy difícil para los países en desarrollo llegar a alcanzar algún poder en el marco operativo de la OMPI. En forma especial durante el seminario realizado en 1975 en Ciudad de México, bajo el patrocinio de la OMPI y del gobierno mexicano, donde participaron varios expertos latinoamericanos de reconocida competencia en la materia, se analizaron las posiblesmodificaciones al ConveniodeParís que pudieran convertirlo en una alternativa aceptable para los países de la región. Luego de un extenso e interesante debate en el que participó el Director de la OMPI, quedó prácticamente demostrada la dificultad en