Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

MARTíN HOPENHAYN número total de pobres en las localidades pequeñas, y segundo, una clara baja de la incidencia de la pobreza, que pasa de 43.7 en 1994 a 33,6 en 2001. Más impactante es otro indicador, que es mucho más de largo plazo, como es el aumento de la expec– tativa de vida en Brasil, de 48 a 70 años desde 1960 hasta comienzos del siglo XXI. Como desafíos para Brasil, se plantea, por supuesto, reducir la concentración de la riqueza y la desigualdad; completar algunas reformas, como la reforma de la educación, a fin de avanzar en la educación secundaria completa y reducir esa tremenda deserción escolar en el umbral de los quince años; avanzar en seguridad social; mejorar la racionalidad del gasto público; redefinir una agenda de políticas sociales que incluya a los jóvenes y con una visión más amplia de la protección social. Y ver como esa amplia gama de beneficiarios que dependen de programas sociales, pueden, en algún momento, romper esa dependencia. Ser más autónomos, más autosustentables. Respecto del caso chileno, en lo social, también se hizo referencia al antes y al ahora. En todos los casos aparece el contraste en la contextualización histórica. Así, como a mediados del siglo XX se colocaron los cimientos de la política social y de la protección social mediante la educación primaria, primero de seis y luego de ocho años; la institución del Servicio Nacional de Salud; la cobertura nutricional para embarazadas y niños pequeños, la expansión del estado del empleador y con ello, de la Seguridad Social etc. Todos estos elementos se suman para que los indicadores de salud, de educación, de esperanza de vida y de nutrición, suban, mejoren sostenidamente, incluso en tiempos de crisis. Es decir, se sientan bases muy sostenibles en el tiempo. En cambio, los vaivenes económicos afectan el empleo, el nivel de pobreza y la desigualdad. Ahora bien, la dictadura implica la inflexión, con una reducción del Estado social, la privatización de servicios de previsión, de salud y de educación, con el uso de mecanismos de subsidios a la demanda, la focalización, la sistematización de la función social a través de la encuesta CASEN, etc. Se incorporan elementos de ingeniería social y de política social, que pueden aumentar eficiencia, pero al mismo tiempo se privatiza y se reduce el Estado social. El retorno a la democracia y los quince años que siguieron, consta de dos etapas fundamentales en términos de política social. La primera hasta el año 97, con recu– peración de niveles en lo relativo a expansión de la vivienda, infraestructura y re– muneraciones de los docentes, y la aparición de grupos específicos postergados secularmente, como la mujer y los pueblos indígenas. y una segunda etapa, que asoma a fines del siglo XX ya principios de este, con más énfasis en los derechos humanos exigibles, cuya mayor expresión es la puesta en marcha en estos días del Plan Auge, ese plan en que hay exigibilidad judicial por parte de los usuarios, que ya dejan de ser usuarios para convertirse en ciudadanos. En general, la Concertación marcaría una inflexión definitiva hacia un patrón incluyente en lo social, pero desigual. Esa es la paradoja del modelo chileno, inclu– yente y desigual. Se dieron datos sobre los grandes logros en reducción de la pobreza y la indigen– cia, pero con nuevas vulnerabilidades asociadas a la precarización en la inserción laboral, a la creciente brecha de ingresos y salarios en el mercado de trabajo.