Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

ANDRÉS PALMA lRARRÁZAVAL palmente la Reforma Agraria (1967-1973), y de políticas de empleo y de precios y subsidios a los bienes de consumo básicos. La segunda etapa se desarrolla en los años de la dictadura, donde los cambios más importantes se deben a la idea de que el Estado es ineficiente, y por lo tanto hay que reducir su tamaño y su nivel de gasto (incluido el gasto social), entregando más espacio al sector privado; y de que el gasto o las políticas sociales deben orien– tarse de manera focalizada, utilizando información y variables técnicas para la asignación de los recursos. Los cambios más significativos, o más estudiados, de esta etapa son la reforma del sistema previsional (1980), en que el sistema de repar– to se reemplaza por uno de capitalización individual. Se crean el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y el sistema de Institutos de Salud Previsional (ISAPRES) (1981) mediante el cual se transfiere al sector privado parte importante de la gestión de la salud, en especial la vinculada con ingresos altos y la población joven; y la descen– tralización de la gestión y forma de pago de la educación, que se transfiere a los municipios y al sector privado, que reciben una subvención por cada alumno que asiste regularmente a clases. Sin embargo, en este período también se introducen varios elementos de política que serán tanto o más relevantes que los anteriores en el futuro, y que se relacionan con los instrumentos técnicos de aplicación yevalua– ción de las políticas: las CASEN y la Ficha CAS, que reemplazaron a los Comités de Acción Social, que eran los encargados de evaluar su aplicación. El conjunto de estos instrumentos permitió evaluar la focalización del gasto y de aumentar su eficacia y permitir el ahorro de recursos, al menos teóricamente. Este rediseño se aplicó parcialmente en esta etapa, pero alimentó la posibilidad de ha– cerlo en la fase democrática de las políticas sociales. Aun cuando se sostenga que en democracia hay una nueva etapa en el desarrollo de las políticas sociales, y que sea correcto afirmar que «la política social en los 90 se ha entendido fundamentalmente como un instrumento de inversión social" (PNUDI UNICEF/CEPAL, 1999), en realidad pueden distinguirse al menos dos etapas marcadamente diferentes de implementación de las políticas sociales, con un punto de inflexión entre 1998 y 2001. Si se distingue el primer período de recuperación democrática es porque los niveles de entrega de servicios en las distintas áreas so– ciales recuperan su condición mínima de satisfacción. Se pone énfasis en la supera– ción numérica del déficit habitacional, en la recuperación y mejoramiento de las condiciones de la educación, tanto en materia de remuneraciones y estabilidad de los docentes, como de desarrollo de material didáctico e infraestructura; en la recu– peración de la infraestructura y la calidad de los servicios de salud básicos; y, de manera muy especial, en el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales que expresan otra dimensión en el enfoque y características de lo que debe entenderse por políticas sociales, a saber, los derechos de la mujer y de los pueblos originarios. La segunda etapa del período democrático corresponde a una fase superior de la anterior y se puede caracterizar por la explicitación y extensión de las políticas basadas en los derechos ciudadanos. Con la reforma de la salud y el Plan AUGE se establecen derechos de los pacientes y procedimientos específicos de atención, a la vez que se limitan los copagos y se fijan parámetros de costos. La reforma educa– cional incorpora una fase de participación indicativa de los actores involucrados y establece como una norma constitucional el derecho a doce años de educación. En 268