Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas
ANDRÉS PALMA lRARRÁZAVAL desarrollo posterior de la sociedad chilena. Si a ello se agrega el creciente rol de empleador que va asumiendo el Estado, que inicia su expansión en los gobiernos radicales de mediados de siglo y culminará en la década de los 70 con la dictadura de Pinochet, tenemos los componentes claves de lo que el conjunto de los ciudada– nos espera del Estado y de lo que sus dirigentes ofrecen a estos: participación en la elección de los dirigentes del Estado en sus distintos niveles, acceso a la educación, acceso a la salud y empleos estables que, a su vez, permitan obtener beneficios al momento de jubilar. La expansión de estos beneficios es desigual, pero creciente en el tiempo, y va generando expectativas crecientes en otras áreas, más allá de las establecidas en la legislación, lo que va dando fuerza a los movimientos sociales reivindicatorios y a las fuerzas políticas revolucionarias, o partidarias de los cambios sociales. La suma de las políticas de educación y salud, en términos prácticos y segura– mente también en términos conceptuales, da origen a una estructura de atención social de gran relevancia para el desarrollo posterior. Al crearse el Servicio Nacio– nal de Salud se fija como objetivos primarios de su tarea disminuir la mortalidad infantil y la mortalidad materna perinatal. Esto se lograría mediante la suma de tres políticas específicas, dos de las cuales requerían el concurso activo del sector educa– cional. Estas políticas apuntaban al «Control del niño sano y de la mujer embaraza– da», a la «Atención profesional y en establecimientos hospitalarios de los partos», y a «mejorar la educación sanitaria y la prevención de las enfermedades infecciosas y transmisibles». La aplicación de estas políticas tuvo avances notables y ellas permanecieron en el tiempo a lo largo de diferentes gobiernos de distintos signos políticos, y dieron origen a demandas significativas de atención a la solución de problemas en otras áreas de política cuyo impacto era fundamental, por ejemplo, el desarrollo de las redes de agua potable y de alcantarillado. Sin embargo, la sinergia alcanzada entre los distintos programas y áreas de gobierno permitió importantes mejoras en la situación social de la población, incluyendo una fuerte reducción de la mortalidad infantil y materna, y facilitó el desarrollo de las redes sociales que en los años siguientes posibilitaron la política de focalización de los beneficios sociales. De hecho, los controles de salud, unidos a las campañas masivas de vacunación que se desarrollaban (y desarrollan) por medio del aparato educacional, permitie– ron establecer fichas de seguimiento de los pacientes desde la primera edad. La atención profesional del parto posibilitó también el registro de los nacimientos, de manera tal que se tuvo un catastro completo de la población joven, lo que antes tenía límites claros, especialmente en el mundo rural o entre los migrantes internos, que eran un grupo importante de la población. Estos registros también posibilita– ron que, en la década de 1960, se pudiera definir con bastante exactitud la necesi– dad de expansión de la infraestructura educacional, que acompañó la extensión de Jos años de escolaridad obligatoria de 6 a 8 años, y que se creara un sistema de identificación, primero con fines tributarios (RUT), y luego -en los años ochenta– con fines administrativos (RUN). Las políticas contaban con explícitos sistemas de incentivos, que acercaban a la población a su cumplimiento. Es el caso del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que entrega leche o alimentos a las embarazadas y parturientas, y 266
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