Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

CLARISA HARDY Lo que nos lleva a afirmar que, desde la perspectiva de una política social funda– da en los derechos ciudadanos, no solo se debe asegurar la igualdad de oportunida– des o de acceso sino que, en igual medida, hay que asegurar determinados resulta– dos o desenlaces. 1. Igualdad de oportunidades o en el acceso: se trata de asegurar el acceso de toda la población en aquellos campos en que todavía no hay cobertura universal (hay que identificar los órdenes de magnitud de las exclusiones en las distintas esferas de la igualdad de oportunidades educacionales, de salud, seguridad social, habitabilidad, justicia, etc.), así como garantizar que el acceso universal sea de calidad comparable, para impedir que las diferencias de calidad sean la base de nuevas fuentes de discriminación y desigualdad. . 2. Igualdad en los resultados o desenlaces (protección social): se trata de asegu– rar la vigencia efectiva de derechos sociales universales a los que todos, por el solo hecho de ser ciudadanos(as), tienen derecho. Ello requiere un debate público que permita convenir, social y políticamente, el grado de satisfacción de los derechos universales para todos 45 y bajo cualquier circunstancia 46 : cuánto y qué tipo de sa– lud, educación, trabajo, seguridad social, calidad de vida, etc. deben asegurarse a las familias chilenas en las actuales condiciones de desarrollo del país. Esta igual– dad de resultados o desenlaces es el fundamento de una política de protección so– cial que debe actuar complementariamente con la de la igualdad de oportunidades. 3. Mayor equidad distributiva: se trata de actuar doblemente en la tan intensa concentración de la riqueza y en la generalizada situación de bajas remuneraciones promedio de los trabajadores chilenos, fruto de los rasgos de nuestro mercado la– boral y de las prácticas antisindicales que están vigentes en las relaciones laborales. Todo lo cual nos remite a la necesidad de construir un pacto fiscal por la equi– dad o pacto fiscal solidario en los términos en que la propia CEPAL 47 lo formulara recientemente y que no ha sido recogido en el debate político nacional, a pesar de la fuerza de la evidencia. En efecto, esta indica que las sociedades que han convenido la vigencia de derechos universales, frente a necesidades que son crecientes y recu– rrentes, han debido recurrir a esta clase de pactos como único camino para satisfa– cer tal compromiso. Lo anterior supone un debate insoslayable en Chile, con una sociedad que, como vimos, tiene una esperanza de vida alta y cuya tendencia a la longevidad nos llevará a una alta dependencia demográfica (con el consiguiente impacto en salud, pensio– nes y jubilaciones), con la creciente participación laboral de las mujeres y la necesi– dad de ampliar prestaciones públicas que antes eran provistas en la esfera domésti– ca, con las mayores demandas de cobertura y calidad educacionales, con las exi– gencias de desarrollo científico y tecnológico, etc. Ante estas circunstancias, no cabe sino concluir que los ingresos tributarios aún no se han sustituido por otras 45 Eliminando las barreras de discriminación por razones adscriptivas que todavía operan. 46 Para familias con o sin empleo, en períodos de crecimiento económico y en momentos de estancamiento o desaceleración económica, en condiciones de normalidad o en emergencias sociales, etc. 4? CEPAL,1997.