Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

CLARISA HARDY que con la reducción de la pobreza con el cambio de calidad de esta y, por lo tanto, con las mejoras sociales generales que tiene la población. En igual medida, parte de las correcciones de la inequidad introducidas en estos quince años de gobierno con una coalición de centroizquierda se ha debido a las políticas sociales, pues las trans– ferencias que el Estado realiza mediante subsidios monetarios y prestaciones en edu– cación y salud han permitido acortar la brecha de los ingresos autónomos 37 • Con ello, no solo han aumentado las disponibilidades monetarias de los que tienen ingresos más bajos, sino que han mejorado sus oportunidades al acceder a derechos sociales que antes les eran esquivos, en especial educacionales 38 • Finalmente, la inequidad también ha ido encontrando algunos frenos gracias a la vigencia de algunas leyes y normas administrativas antidiscriminatorias que han permitido igualar los derechos de las «minorías»39, tales como la ley de filiación, la ley indígena, la obligatoriedad de retener en el sistema educacional a las estudiantes embarazadas, etc. Sin embargo, estamos muy lejos de ser una sociedad igualitaria: por una parte, los avances en los terrenos mencionados siguen siendo insuficientes y, por otra, no ha logrado eliminarse la rigidez de la distribución de los ingresos, si bien adquiere características específicas tras estos quince años de políticas sociales redistributivas que no se articulan con las políticas económicas. En cuanto a las áreas en que se ha avanzado insuficientemente, aunque se ha incrementado y en numerosos casos universalizado el acceso, la calidad es desigual y se ha creado una nueva segmentación de ciudadanos de primera y de segunda clase: según los establecimientos en que se estudia, según los prestadores de salud a que se acude, según los lugares de residencia, etc. Por otra parte, se mantienen prácticas discriminatorias que sostienen una cultu– ra de desigualdad socialmente aceptada 40 , cuestión que se evidencia en prácticas habituales del ámbito laboral y en el terreno valórico. En cuanto a la rigidez que revela la distribución del ingreso, el hecho de que en breve tiempo se haya duplicado el ingreso per cápita y que ello haya beneficiado a toda la población, no ha modificado la brecha distributiva entre quienes ganan más y quienes ganan menos. Pero, si algo caracteriza el fenómeno distributivo, como se señalaba en la primera sección, tanto o más que la brecha entre ricos y pobres es la 37 La distancia entre el 10% más rico y ellO% más pobre en cuanto al ingreso autónomo es del 34.1 %. Si a los ingresos autónomos se agregan las transferencias que realiza el Estado, la distancia se reduce a 13.0% (CASEN, 2003). 38 Como ya se señaló en la primera sección, con el aumento sostenido de la educación preesco– lar para los niños de menores ingresos que, aunque muy insuficiente, ha generado una cober– tura que era casi inexistente, con la cobertura universal de la educación básica, la obligatorie– dad de la enseñanza media que permitirá terminar con la deserción escolar, y la duplicación de cobertura en la educación superior en la última década. 39 Entendiendo por «minorías», precisamente, por no tener la condición de sujetos de derechos y no por sus órdenes de magnitud. 40 Si bien algunas de estas prácticas no son constitucionalmente legales, y el hecho de carecer de leyes específicas o una legislación marco que regule las prácticas discriminatorias, hace que no siempre sean ilegales o de serlo, no son punibles o no se sancionan (esta evaluación ha llevado al gobierno de Lagos a enviar al parlamento un proyecto de ley marco antidis– criminatorio que recién inicia su tramitación y que cuenta con la oposición de los sectores más conservadores de la derecha, los parlamentarios de la UOl.