Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

CLARISA HARDY En el primer caso, es decir, de la exclusión de los derechos, la pobreza es su expresión más evidente y se grafica en las respuestas para enfrentarla. Las políticas de la primera mitad del siglo pasado en que los pobres, despojados de derechos 3 4, fueron objeto de asistencia, y aquellas que -durante el período de la dictadura militar- se articularon como parte de una red asistencial para actuar sobre los síntomas más lesivos de la pobreza, orientados estrictamente a sus condiciones de supervivencia. En general, la pobreza se ha acompañado de la noción más básica y elemental de derecho, la de la subsistencia, el derecho a la vida en su mínima expre– sión, por mucho que se ha ido ampliando progresivamente 35 • Por otra parte, existe también una noción restringida de los derechos que se da en los sectores sociales integrados, en que el trabajo es el eje en torno al cual se articula la integración y, por lo mismo, a través del cual se condicionan los derechos: aSÍ, los trabajadores son sujeto de diversos mecanismos de protección social ante los riesgos que amenazan el trabajo, entre los que se cuentan la enfermedad, la vejez, la falta de conocimientos, el desempleo. Como lo indica la evidencia empírica, en esta categoría son sujetos de derecho básicamente los hombres -a quienes tradicional y culturalmente se les asigna la responsabilidad de ser los proveedores- pero aquellos que ejercen un trabajo asalariado y dependiente formal, de preferencia los que están organizados sindicalmente, quedando afuera, además de las mujeres 36 , un amplio contingente de trabajadores no organizados y el mundo del trabajo informal. Las dinámicas sociales en curso y de previsible ocurrencia ponen en cuestión esta restrictiva concepción de ciudadanía y derechos: • Los pobres no siempre son los mismos, ni un contingente estático: por una parte, no dejan de serlo de una vez y para siempre, sino que existen fenómenos que implican rotación de la pobreza; por la otra, segmentos de población no pobre no tienen garantizada tal condición y se producen procesos de pauperización en sectores cuyo origen social no fue la pobreza. 34 Durante parte importante del siglo xx la ciudadanía política de los pobres era inexistente, pues no votaban por restricciones legales (la exigencia de ser alfabeto, por ejemplo), o bien, dada su extrema subordinación en la estructura agraria, así como su inserción en la marginalidad urbana, perdía el control sobre su voto (c1ientelismo electoral, cohecho, etc.). Ciertamente, ello tiene consecuencias en las serias limitaciones que afectaron sus derechos económicos y sociales. 35 En efecto, desde las prácticas asistenciales de la beneficencia privada de las primeras décadas del siglo xx, hasta el impulso posterior, en la segunda mitad del siglo pasado, a políticas contra la desnutrición infantil, de atención materno-infantil para disminuir las muertes en el parto y en los primeros años de vida, la obligatoriedad de la educación básica y la promoción de pensiones asistenciales para los más pobres, sin duda ha habido una evolución, pero limitada al campo de acción de lo que podríamos denominar mínimos sociales básicos, que implican el reconocimiento de una ciudadanía restringida. 36 Si bien hasta bastante avanzado el siglo xx las mujeres estaban al margen de los sistemas de protección asociados al trabajo, ha habido un proceso de incorporación progresiva que las reconoce como trabajadoras con sus especificidades (permisos pre y postnatales, licencias por enfermedades de los hijos, entre las conquistas más importantes), pero con serias limita– ciones en la cobertura de la seguridad social en períodos de cesantía, en su integración a los procesos de capacitación laboral, en lo relativo a la atención y cuidado infantil, así como en su participación en el sistema previsional.