Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

POLÍTICAS SOCIALES EN CHILE el sistema político y, por lo mismo, ignorados o marginados de las políticas públicas y de las prioridades del gasto social. La creciente «homogenización» cultural de las expectativas que se da en sectores que, ayer excluidos y en los márgenes, hoy se integran pero de manera muy desigual, forma parte de un proceso de construcción de ciudadanía en la que, a pesar de disparidades y desigualdades socioeconómicas, se producen sujetos con pautas aspiracionales más homogéneas que tienden a de– mandar, no solo más, sino mejor. La integración social desigual que revelan las dinámicas sociales prevalecientes produce más intolerancia que en el pasado a la segregación y discriminación social y constituye un escenario que obliga a repensar el conjunto de políticas sociales. En ellas deben tener cabida preferente los nuevos sujetos sociales que emergen: muje– res e infancia, adultos mayores, capas medias de bajos ingresos, al igual que secto– res pobres y, en especial, los segmentos de trabajadores de mayor vulnerabilidad y riesgo laboral. Tal vez el fenómeno social más destacado de la realidad chilena es el contradic– torio proceso de avances sociales 33 , con la persistencia de un nuevo tipo de vulnera– bilidades o "pobreza moderna» -más escolarizada, más calificada, con mejores estándares de vida- que expresa desigualdades sociales marcadas por la inequidad distributiva. Esta mejora del acceso a satisfactores sociales básicos, pero muy des– igualmente distribuidos, revela un proceso de avance contra la exclusión y de nue– vos mecanismos de integración, si bien altamente desiguales. En suma, se está dando un proceso de constitución de ciudadanía en sectores sociales hasta hace poco excluidos y que, fruto de las modalidades de inserción, hoy reclaman avances de integración más justos y equitativos. De modo que a partir del proceso de democratización iniciado a comienzos de los 90 aparece la noción -y una mayor conciencia- de ciudadanía social. Sobre esta base, es decir, con la instalación de una ciudadanía no solo política gracias a la recuperación de la democracia sino también social y de sus correspon– dientes derechos, aparece la necesidad de repensar el conjunto de políticas que deben garantizar su ejercicio o, en otros términos, que deben prever, mitigar y even– tualmente superar los riesgos que impiden o limitan el despliegue de tales derechos. Identificar cuáles son estos riesgos, en primer lugar, y precisar su grado previsi– ble de ocurrencia, en segundo lugar, permite reconocer las vulnerabilidades existen– tes y los sectores sociales que las experimentan, de modo de actuar ante tales ries– gos con los sectores expuestos a ellos. El recorrido de nuestra historia de políticas sociales es el tránsito de una cierta noción de ciudadanía restringida y, por lo mismo, basada en una concepción res– trictiva de los derechos, hacia una en que por la realidad actual comienza a ampliarse la noción de estos, si bien de manera todavía insuficiente: restrictiva en el doble sentido de que hay sectores sociales que carecen de derechos y de que la noción de derechos se limita a ciertos ámbitos. 33 Como vimos en la primera sección, incrementos del gasto social y surgimiento de una institucionalidad social que se vincula a fenómenos tales como el aumento en los niveles de escolaridad y de salud, mayor participación de las mujeres, mejoramiento de la calidad de vida por inversiones en habitabilidad e infraestructura social básica, etc. 245