Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

CLARISA HARDY mentos que se desarrollan inicia la instalación de nuevas capacidades técnicas en el sector social público, se limita a alentar las exigencias tecnocráticas sin lograr vin– cularse con procesos democráticos de control ciudadano y de transparencia infor– mativa. Salvo la difusión cada dos años de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CASEN (que ha servido como fuente fundamental para la elaboración de este ensayo y que adquiere amplia difusión pública) el hecho de contar con un convenio de evaluación entre el ejecutivo y el legislativo no se ha traducido, ni por parte de las autoridades económicas ni de los parlamentarios, en iniciativas de difusión y debate con la ciudadanía, cuestión que sin duda contribui– ría tanto o más al desempeño de las políticas sociales que el arsenal técnico de que actualmente dispone. Aunque en la década de los 90 también se puso nuevo énfasis en la descentrali– zación de la acción social (una creciente delegación de programas sociales de los gobiernos centrales a los regionales y provinciales, así como a niveles locales, con un mayor rol para los municipios), por una parte, y en la búsqueda de mecanismos de participación, por la otra, en que se exploran incentivos para la coparticipación público-privada y se apela a un mayor involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas siguen teniendo impactos relativamente marginales. Ello se debe a que los montos involucrados son escasos, porque solo se aplican a programas focalizados y no universales o a que, en definitiva, las verdaderas deci– siones se toman en los niveles centrales y por organismos gubernamentales, dele– gando más bien la ejecución y haciendo que los co-pagos o los financiamientos compartidos sean el centro de las modalidades de participación más frecuentes. Todas las iniciativas desarrolladas en materia de gerencia social y de gestión social pública, a pesar de los esfuerzos avanzados en materia de descentralización y participación, son parciales, insuficientes y, las más de las veces, sustitutivas de la acción pública y no, como es su propósito declarado, de complementariedad. Esto es así tanto en los planos de la integración social del territorio (acción complemen– taria de las políticas sociales a niveles nacional, regional y local) como entre los actores involucrados, el sector público y el privado o social, a través de los organis– mos sin fines de lucro del tercer sector. En suma, a pesar de avances e innovaciones aparecen como opciones excluyentes y no complementarias la eficiencia técnica y el ejercicio democrático en el ámbito de las políticas sociales y que en parte explica la escasa satisfacción ciudadana y los magros resultados en proporción a la magnitud de los esfuerzos desplegados. II. DESAFíos DE EQUIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 1. CIUDADANíA, DERECHOS Y NUEVAS VULNERABILIDADES: SUJETOS EMERGENTES Y NUEVOS DESAFíos SOCIALES Las dinámicas sociales descritas anteriormente, sumadas a la masificación de las comunicaciones que está provocando nuevos modelos aspiracionales, hacen com– prensible el aumento de las demandas de un nuevo tipo de ciudadanía extendida, que le ha dado voz y capacidad de presión a sujetos que antes eran «invisibles» para 244