Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

POLíTICAS SOCIALES EN CHILE El aprendizaje de los 90, en que se ensayaron múltiples formas de coordinación con escasos resultados (siendo siempre más eficaces las que se dan en niveles des– centralizados), en que prevalece la dispersión de los programas y la integralidad y complementariedad programática es una excepción, llevó a inicios del nuevo milenio a una fórmula que, acotada para un grupo social específico, la extrema pobreza, cuya prueba puede ser una lección ejemplificadora de innovación de políticas socia– les: más que cambios institucionales, redefine un propósito -la función de protec– ción social- y establece obligaciones legales para su cumplimiento. La ausencia de un debate explícito sobre el papel de las políticas sociales y los instrumentos e instituciones que la hacen posible ha derivado en esfuerzos, las más de las veces estériles, de acomodar la institucionalidad heredada e intentar innovar sin reformar. Se valida una gestión social profesionalizada, pero no se democratiza Si de alguna forma hubiera que caracterizar las innovaciones de las políticas sociales de estos quince años, diría que se concentran básicamente en el ámbito de la gestión social. Es e! período en que se acuña e! término «gerencia social» para graficar la voluntad de profesionalizar y tecnificar una función que, por haber sido tan marginal durante el régimen militar, había perdido peso en las políticas públi– cas y no había logrado reclutar buenos cuadros profesionales. Sistemas de información, monitoreo y evaluación de programas sociales acom– pañan el ejercicio de las políticas sociales. Empiezan a sistematizarse datos yesta– dísticas veraces de la realidad social, de modo de asentar en esta información el diseño y destinación de la acción social pública, y con dicha información poder estimar la magnitud de las necesidades por satisfacer, entregando parámetros obje– tivos para el monto del gasto público que se requiere. Es una etapa en que aparece igualmente la necesidad de evaluar el desempeño de la acción pública y de! financiamiento que le acompaña. De esta manera, surgen las funciones de monitoreo o seguimiento de programas concretos para contar con indicadores de funcionamiento que permitan introducir correcciones en la propia marcha y en la ejecución de los programas sociales. Asimismo, se inician las evalua– ciones de impacto para medir si los resultados obtenidos son los esperados, de modo tal que dicha información facilite la mejor toma de decisiones en materia de políticas sociales. Expresión de estas innovaciones, tanto de las mayores capacidades profesiona– les y técnicas como de nuevos instrumentos y modalidades de gestión, es la expe– riencia chilena. Ello no solo por la rigurosidad de la información existente por casi dos décadas, sino además porque impuso un sistema de evaluación resultado de un acuerdo entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda de Chile, en virtud del cual el primero (y a través de este, potencialmente la ciudadanía) debe ser informado del resultado de la evaluación de los programas e inversiones sociales antes de que se discuta el presupuesto de la nación. Aunque la contratación de profesionales de mayor nivel en el aparato del Estado y en especial en el sector social, así como el nuevo caudal de información e instru- 243