Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

CLARISA HARDY los que a su vez contrastan con los que muestran los programas selectivos con sus beneficiarios, pero que numéricamente representan una escasa proporción de la población que debiera ser atendida. Las coordinaciones sustituyen las reformas institucionales en el área social La multiplicación y diversificación de programas sociales altamente especializa– dos y focalizados que deriva de lo anterior (en un país pequeño como Chile se han identificado más de 225 programas sociales), genera la necesidad de coordinacio– nes para articular más integralmente la acción especializada de diversos organis– mos e instituciones. La vigencia de estos tiende a dispersar el impacto de sus respec– .tivas políticas y programas que están destinados a los mismos sectores y segmentos sociales, desde distintas perspectivas y niveles administrativos (Estado nacional y niveles subnacionales). Nacen y se ponen en práctica, así, experiencias de distinto tipo de coordinacio– nes en los primeros dos gobiernos de la Concertación, iniciativas que se dan en distintos ámbitos del sector público, pero especialmente en el área social (comités interministeriales), con el propósito de articular la acción de los ministerios secto– riales (salud, educación, vivienda, trabajo y previsión social, etc.), ante la evidencia de que tales coordinaciones no son el resultado natural o espontáneo de las entida– des correspondientes. Y esta lógica de coordinaciones que se da en los 90 al nivel de los gobiernos nacionales tiende a replicarse en los niveles subnacionales -en los gobiernos regionales, provinciales y comunales- bajo distintas formas y con distin– tas entidades y organismos a ser coordinados. El esfuerzo de coordinación supone disposición y voluntad de las entidades perti– nentes y, por lo mismo, descansa en la voluntad discrecional de las partes. Ello expli– ca el fracaso de estos esfuerzos en los dos primeros gobiernos de la Concertación, pues la lógica política implícita en el ejercicio gubernamental-fenómeno que se acen– túa en gobiernos de coaliciones o multipartidarios- en que cada institución reivindica «corporativamente» su centralidad, limita o conspira con los esfuerzos cooperativos, que suponen compartir (y por lo mismo, diluir) entre muchos los resultados del es– fuerzo desplegado por cada cual, restando protagonismo individual a los éxitos. De esta evaluación, en el tercer gobierno de la Concertación surgen alternativas distintas en que se fusionan algunos ministerios (creándose bi y triministerios) con resultados que aún deben ser evaluados, pero que se producen fuera del sector social. En el ámbito social, se suspenden las anteriores experiencias de coordina– ción interministerial y, para el caso específico de la extrema pobreza, se produce una interesante innovación a través del llamado Programa Chile Solidario que, destinado al universo de la indigencia en un plazo de varios años, establece por ley (aprobada en el Congreso durante el año 2004) una modalidad de intervención que compromete la focalización de una parte de los recursos de uso regular de ministe– rios, servicios y fondos sociales. En otras palabras, el Programa Chile Solidario establece al interior de cada una de dichas reparticiones públicas la obligatoriedad de destinar recursos, prestaciones y servicios de manera prioritaria, a las familias que anualmente quedan seleccionadas para ingresar al programa.