Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

CARLOS HUNEEUS En ese contexto, las organizaciones empresariales, especialmente la Sociedad de Fomento Fabril (SFF), alcanzaron un alto nivel de afiliación y tuvieron dirigentes con gran sentido corporativo, que en la época del autoritarismo participaron en funciones de gobierno y que son políticamente favorables a los partidos de derecha. A pesar de los cambios de los últimos años hacia dirigentes más pragmáticos 19 , se mantiene el prejuicio contra los sindicatos, predomina una posición crítica hacia la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores para el reajuste de las remu– neraciones y el mejoramiento de las condiciones de trabajo de estos y las relaciones entre capital y trabajo se conciben en beneficio de los intereses y necesidades del pnmero. La continuidad de los acuerdos en las políticas de empleo, salarios, previsión y otros no podrá desconocer la desigualdad existente entre las organizaciones de empresarios y trabajadores y deberá contemplar el fortalecimiento de las institucio– nes públicas que protegen los derechos de estos. Esta es una cuestión política y de ahí que no corresponda convertir a la Dirección del Trabajo en una organización de carácter «técnico», independiente del gobierno, porque corre el peligro de debilitar– se por el asedio de los intereses empresariales. La desigualdad es más compleja que la inequidad en los ingresos: una minoría concentra la riqueza, tiene acceso privilegiado a los medios de comunicación y al poder educacional y tiene un alto grado de organización e instituciones que le permi– ten articular sus intereses ante el poder político y la sociedad. No es una casualidad que la agenda pública esté dominada por ópticas cercanas a los intereses de este sector. La mayoría ciudadana tiene un bajo nivel de organización y carece de institu– ciones tan fuertes como las de la minoría dispuestas a luchar por sus intereses. En tercer lugar, la intervención del Senado en los nombramientos del poder judi– cial está produciendo efectos negativos, pues tiende a politizar las decisiones de los parlamentarios. La oposición veta a ministros que han llevado adelante con energía los procesos por violaciones a los derechos humanos que han terminado con el procesamiento de militares, negándose a aplicar la ley de amnistía de 1978 y, por el contrario, entrega su pleno apoyo a los ministros que se opusieron a ellos y que han aplicado dicha ley. El ministro Milton Juica, destacado juez que tuvo a su cargo importantes procesos por atropellos a los derechos humanos, fue propuesto por el Presidente Frei en 1998 para integrar la Corte Suprema, pero fue rechazado por la oposición por el motivo antes indicado. Fue propuesto nuevamente, esta vez por el Presidente Lagos en 2001, siendo esta vez aprobado, pero al mismo tiempo el Sena– do nombró a un ministro de derecha. En otro caso, el nombramiento del Senado ha provenido de un acuerdo de senadores de gobierno y oposición para favorecer los intereses electorales del distrito que representan, como ocurrió con el acuerdo entre los senadores Marco Cariola (UD) y Gabriel Valdés (PDC), que lograron que el Presidente Lagos propusiera al senado a un ministro que no tenía otro antecedente que haber sido miembro de la Corte de Apelaciones de Valdivia por un largo perío– do, y que fue aprobado por el Senado. 19 Este cambio se puede identificar con la elección en forma unánime del ingeniero Bruno Philippi como presidente de la SFF en 2005. Él fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía a fines de los años 70 e inició el cambio institucional que después hizo posible la privatización del sistema eléctrico. Actualmente es presidente de Telefónica Chile. 208