Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

REFLEXIONES SOBRE LA DEMOCRATIZACIÓN POLíTICA CHILENA nes cometidos por la dictadura, será un obstáculo permanente a toda reconcilia– ción. No habrá, mientras esta visión se mantenga, posibilidad de superar la heren– cia de la moral de la dictadura. A lo más, habrá soluciones parciales afectadas por la presión de los militares y de sus representantes políticos y las vacilaciones perma– nentes del poder judicial. LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL MÁs ALLÁ DE LA DENOMINADA CRISIS DE LA POLíTICA en todo el mundo, en el caso chileno el origen de esta crisis o de sus problemas de calidad, radica básicamente en un orden constitucional impuesto y ajeno a los chilenos, que no pueden sino acep– tar, pero con el cual no se identifican. Y por diferentes razones, la clase política de gobierno y de oposición ha sido incapaz de modificar ese orden político, con lo cual se consolida un círculo vicioso. Y, en el fondo lo que hacen las medidas políticas y correctivas que se han aplicado, algunas de mucha importancia, es consolidar este sistema, puesto que hacen cada vez más difícil su transformación verdadera. Buen ejemplo de ello es la ley de financiamiento de las campañas electorales: ella fue sin duda un avance, pero cerró el debate en la materia, sin que por largo tiempo pue– dan superarse sus insuficiencias y deficiencias. El problema de fondo, y muchos lo dijimos hace más de una década, es que el conjunto de la institucionalidad heredada del pasado y, sobre todo de la dictadura, impide una verdadera democracia, un Estado dirigente y gobiernos que puedan cumplir con los programas para los que fueron elegidos porque carecen de los re– cursos materiales y políticos debido a los enclaves autoritarios o a los poderes de veto de minorías. Pero no solo la institucionalidad fue pensada para un país no democrático y para un modelo neoliberal, sino que además todos sus elementos están concatenados: la ausencia de normas y recursos del sector público están vin– culados a la exagerada interferencia del sector privado en la vida pública y política por la vía de los recursos económicos, del dinero. De modo que el problema debe ser atacado de raíz con una completa y coherente agenda de reforma política que incluya las reformas constitucionales, la reforma del Estado más allá de la mera introducción de criterios de mercado y eficiencia en el sector público que lo van a distorsionar aún más, el financiamiento público de la política y el estricto control del financiamiento privado, la regionalización y la descentralización, la reforma de la institucionalidad de la educación superior, la mayor capacidad técnica del Parla– mento, la revisión de la institucionalidad económica, incluida entre otras, la nor– mativa del Banco Central, por citar algunos ejemplos. Y el conjunto de proyectos de acuerdo entre partidos y gobierno a comienzos de 2003, que llevó a las agendas de modernización del Estado, solo toca algunos de estos puntos, deja de lado las reformas constitucionales políticas, amarra al Estado en materia económica en tér– minos de intereses empresariales, no asegura el papel de este en el crecimiento eco– nómico y ve su modernización solo en cuanto eficiencia y transparencia -cierta– mente necesarias pero insuficientes-las que no se le exigen al sector privado, y por último, no incorpora el trabajo de investigación y de elaboración científico, acadé– mico y profesional que existe en el país para estos temas.