Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

MANUEL ANTONIO GARRETóN y reparación por los crímenes y las violaciones de los derechos humanos cometidos por la dictadura militar con el apoyo de civiles, es decir, el acto institucional por el que se reconozca que ciertas cosas nunca debieron pasar y que no volverán a ocu– rrir, es una condición sine qua non para que el país pueda tener futuro como tal y para que la democracia no sea una pura estrategia de coexistencia, sino un princi– pio ético en que se basa la convivencia de una sociedad. En materia de derechos humanos ha habido diversos hitos en cuanto a la recon– ciliación. El primero de ellos fue el plebiscito de 1988, que dio lugar al término de la dictadura y a la inauguración del primer gobierno democrático en marzo de 1990, luego de las elecciones de diciembre de 1989. Un segundo hito lo constituyen las demandas e iniciativas de verdad y justicia que incluyen la Comisión Rettig sobre Verdad y Reconciliación, el juicio y condena a los cabecillas de la DINA (Di– rección de Inteligencia Nacional, servicio secreto directamente ligado a Pinochet) o la reinterpretación de la ley de amnistía por el Poder Judicial, que ha llevado no solo a buscar la verdad sino a abrir procesos en los casos más emblemáticos de crímenes y violaciones cometidas desde el Estado y sus aparatos armados. Luego, el desencadenamiento de los procesos a Pinochet a raíz de su detención en Londres en 1998, que lleva al desafuero del ex dictador por la Corte Suprema a su regreso a Chile, y la Mesa de Diálogo. Esta última llega a un reconocimiento implícito de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes cometidos, las cuales, al cabo de un determinado período, entregaron un informe absolutamente insuficien– te y lleno de inexactitudes sobre los desaparecidos. Finalmente, la propuesta del Presidente Lagos "No hay mañana sin ayer» para agilizar los juicios, rebajar penas a cambio de información sobre los detenidos desaparecidos e incorporar el tema de la tortura a través de una comisión especial, lo que dio origen al Informe sobre Tortura y Prisión Política, de 2004. Asimismo, hay que reconocer que, a través del General Cheyre, el Ejército y también otros sectores militares han avanzado en el reconocimiento de culpas, condición indispensable para un verdadero nunca más, que parece mucho más difícil en el caso de la derecha, donde solo en el último tiempo hay una aceptación obligada de un tema que desconocieron o negaron sistemáticamente estos años, pero sin admitir el hecho fundamental de que ellos fueron partícipes fundamentales en el régimen que implantó el terror y colaboraron con él y tuvieron responsabilidad directa e indirecta en los crímenes cometidos. Ello ocurre también con el poder judicial y los grandes medios de comunicación. De esta manera, en materia de derechos humanos quedan pendientes, tres gran– des cuestiones, que deben verse como un horizonte que aunque nunca pueda mate– rializarse, sirve como criterio y guía para plantearse permanentemente las tareas que exigen la memoria ética de la sociedad, la justicia y la convivencia democrática. La primera es la verdad completa, con la información y paradero de los detenidos– desaparecidos. La segunda es la justicia, reparación y castigo de todos los crímenes y violaciones cometidos. Este castigo solo podría eventualmente atenuarse median– te el reconocimiento y solicitud de perdón público institucional y personal de los involucrados en los crímenes. La tercera cuestión vinculada con la reconciliación es el reconocimiento, por un sector de la sociedad, de los crímenes cometidos. La pretensión de estos grupos de que no hay diferencia entre los errores que cometió la clase política, que originaron la crisis de la democracia en los años 70, y los críme- 180