Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

MANUEL ANTONIO GARRETóN recursos que no tienen debido a la institucionalidad de! Estado, en gran parte here– dada de la dictadura y de la política, en gran parte entrabada por los enclaves autoritarios y los mismos acuerdos de transición. Entonces, hay que resolver los problemas de la política, pero estos no atraen a la gente, con lo que vuelve a distan– ciarse la política en un ciclo interminable. y es que probablemente estemos en una situación en que, a diferencia de otros países de nuestro continente, tenemos algo de Estado, algo de política y algo de sociedad civiL Por ello no ha habido crisis catastróficas como las de Perú, Venezue– la, Argentina, Colombia, Ecuador u otros. Por ello, aquí nadie sale a decir «que se vayan todos», ni tampoco habrá salidas autoritarias desde el Estado. El problema, en cambio, es que ese poco o algo de Estado, política y sociedad civil funciona cada uno por su cuenta, sin negarse pero sin reconocerse el uno al otro, en tensión, no en autonomía sino en independencia, sin complementariedad mutua. y en esto consiste la naturaleza particular de nuestra crisis como país o como proyecto nacional. No es de implantación o legitimidad del Estado, tampoco de gobernabilidad o estabilidad institucional, sino del distanciamiento y separación que se han producido entre Estado, política como sistema de representación o acto– res político-partidarios, por un lado, y sociedad civil y ciudadanía, por el otro. Y por ello la crisis no estalla, sino que es una especie de erosión progresiva y de desencuentro permanente y no dramático. Uno de los mejores ejemplos de ello es que si tomamos la opinión pública como expresión de la sociedad civil, en dos temas de los llamados «valóricos» como son el de la violación de los derechos humanos bajo la dictadura y e! de! divorcio en el primer caso ha existido un amplio consenso, para verdad y justicia o castigo de los culpables y en el otro, para que exista una auténtica ley de divorcio. Sin embargo, las propuestas políticas frente a cada uno de estos temas son absolutamente insuficientes, se arrastran por largo tiempo y las soluciones se entrampan al final en negociaciones y concesiones a los poderes fácticos. Con las demandas medioambientales ocurre exactamente 10 mismo. y este proceso de distanciamiento entre los segmentos de Estado, actores políti– cos y sociedad civil que existen en nuestra sociedad se agrava cuando desde la llamada sociedad civil o desde ciertos sectores de ella tiende a imponerse una visión unilateral de la ciudadanía, que le quita la dimensión política. En la tradición de– mocrática, la ciudadanía es un cuerpo o sujeto cuyos miembros están dotados de derechos que ejercen frente a un determinado poder que es el Estado. Los dos compo– nentes son, por un lado, los derechos, obligaciones y libertades -iguales para to– dos- de que gozan todos los ciudadanos. Pero estos no existen como suma o agre– gado de individuos sino también, por otro lado, como un sujeto político. Una visión extremadamente liberal e individualista tiende a olvidar este componente funda– mental de pertenencia a una comunidad política, sin Jo cual no hay ciudadanía y se queda solo con los derechos ciudadanos. A esto se agrega la visión proveniente de la expansión de nuevas problemáticas de las modernidades como la expansión de la subjetividad, las identidades y la diversificación de poderes a otras esferas no siem– pre dentro del ámbito del Estado. Esta expansión de la ciudadanía a través de los derechos identitarios (étnicos, de género, etarios, etc) que rompe el concepto tradi– cional de derechos iguales para todos e introduce la idea de derechos propios a diversas categorías sociales, revolucionando la dimensión institucional y universal