Brasil y Chile: una mirada hacia América Latina y sus perspectivas

MANUEL ANTONIO GARRETóN derecha hegemonizada por su núcleo autoritario, ni con el mundo de los grandes empresarios y de los medios de comunicación. Punto aparte merece la promulgación de las reformas constitucionales en sep– tiembre del 2005, a la que nos referiremos más adelante. Es cierto que las orientaciones conservadoras y de derecha al interior de la Concertación, mal llamadas liberales, y las tendencias pragmáticas que buscan evi– tar conflictos y solo administrar la situación de poder con cálculos inmediatistas, son fuertes y buscan evitar o limitar el contenido de las reformas. Y es probable que en la ausencia de una reforma coherente y definitiva de la institucionalidad hereda– da, jueguen no solo la radical oposición de una derecha sin convicción ni estilo democráticos, porque aprendió a hacer política como el brazo civil de la dictadura militar, sino el propio éxito político electoral y de los gobiernos de la Concertación en materia socioeconómica, que les hace minimizar la importancia de los cambios políticos que podrían afectar este éxito conseguido en el marco de una institu– cionalidad creada para impedirlo. DEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA Y MODELO SOCIOECONÓMICO UNA DE LAS CARACTERíSTICAS DE LA DEMOCRATIZACIÓN política chilena fue la au– sencia de una crisis económica original. La existencia de esta en muchos otros casos de transiciones alteró la correlación de fuerzas prodemocráticas y abrió espacios de desestabilización o deslegitimación por parte de poderes fácticos o por el distancia– miento de los sectores medios y populares. En el caso chileno, en cambio, se heredó un modelo económico, lo que también tiene efectos importantes para el proyecto sociopolítico. Así, el bloque democrático en el gobierno desde comienzos de la década de los años 90, la Concertación de Partidos por la Democracia (integrado por los partidos Demócrata Cristiano (De), Radical (PRSD), Partido por la Democracia (PPD) y So– cialista (PS) y que ha elegido Presidente en 1989 a Patricio Aylwin, en 1993 a Eduardo Frei, ambos DC y en 1999-2000 a Ricardo Lagos, socialista y Partido por la Demo– cracia), en los primeros seis o siete años de gobierno post-dictatorial, no estaba obligado a políticas que tuvieran efectos antipopulares o regresivas para resolver una crisis coyuntural heredada. Sin embargo, desgraciadamente no se aprovechó la consiguiente oportunidad de concentrarse en los aspectos propiamente políticos para completar la transición superando los enclaves autoritarios. Por otro lado, la prioridad absoluta dada a la estabilidad económica, desincentivó la constitución y acción de movimientos y actores sociales y dañó su relación con la política y los partidos. El primer gobierno democrático, de Patricio Aylwin, definió la tarea nacional en términos de «transición a la democracia» y apuntó hacia la idea de un «crecimiento con equidad», manteniendo los equilibrios macroeconómicos y buscando corregir los efectos sociales del modelo económico. Asimismo, definió un método de nego– ciaciones y acuerdos puntuales que llamó «democracia de consensos». Lo cierto es que ya no se estaba en ninguna transición y, como hemos dicho muchas veces, tampoco hubo consensos. Pero, en todo caso, cualquiera sea la crítica que se haga 17°