América Latina en el mundo: Anuario de Políticas Externas Latinoamericanas y del Caribe :1993-1996

177 participaran de la apertura de una ronda de licencias de exploración yexplota– ción de petróleo en las aguas que rodean a Malvinas. Según la nota oficial del gobierno de las islas, los empresarios tendrían dos oportunidades para acceder a los pliegos de licitación: el 3 de octubre en Londres y el 11 del mismo mes en Houston. Ante este panorama, el gobierno argentino se vio obligado a endurecer su posición y advirtió por boca del propio presidente Menem que Argenti na también «abriría licitaciones por, su cuenta ,,49. Además, señaló que el país presentaría de– nuncias contra Gran Bretaña en las Naciones Unidas, la OEA y el Grupo de Río. Por su parte, el Senado argentino aprobó a mediados de agosto de 1995 un pro– yecto de ley que promovía sanciones comerciales a las empresas nacionales y extranjeras que participasen, sin autorización del gobierno argentino, en licita– ciones petroleras en el área de las islas. Inmersos en esta situación «vidriosa", para ponerlo en palabras del canciller Di Tella, y tras muchas idas y venidas, ambos gobiernos firmaron el 27 de sep– tiembre en Nueva York una declaración conjunta sobre Cooperación en Activida– des Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental, que establece un programa de actividades coordinadas para posibilitar la exploración y explotación de hidro– carburos en las áreas marítimas circundantes a las islas Malvinas. El acuerdo dis– pone que la cooperación será impulsada por una Comisión Conjunta de Hidro– carburos encargada de coordinar las actividades en el área en disputa, recibir información de empresas que desarrollen actividades en ella y efectuar recomen– daciones sobre medio ambiente en el Atlántico Sudoccidental. Un subcomité, dependiente de la comisión, estará encargado de la promoción de actividades comerciales de las joint ventures que se establezcan en las seia áreas de coopera– ción especial creadas por la declaración y las otras que eventualmente se creen. Cada área tendrá una superficie de hasta 3.500 kilómetros cuadrados so . La declaración es deliberadamente ambigüa, dado que hubo un acuerdo táci– to entre ambos gobiernos para presentar ante sus respectivas opiniones públicas una interpretación distinta de lo convenido, sin que ello provocase una crisis diplomática. Así, el propio Menem consideró al entendimiento como «el primer paso real y legal" hacia la recuperación de las islas 51 • Por su parte, DiTella opinó que por primera vez en 163 años, «vamos a poder entrar en zonas disputadas. Esto nos acerca a la discusión sobre la soberanía"s2. Por cierto, la interpretación del gobierno británico fue muy distinta. En un