América Latina en el mundo: Anuario de Políticas Externas Latinoamericanas y del Caribe :1993-1996

174 Para el gobierno argentino, esta estrategia, que no haría más que explicar y desarrollar lo que se intentó desde los setenta y hasta 1982, se asienta en un supuesto básico: que el gobierno y los parlamentarios británicos no se decidirán a negociar la soberanía de las islas si sus habitantes no respaldan ese curso de acción. Según la opinión de Di Tella: «Es una paradoja que una población de poco más de dos mil personas tenga más poder de decisión que la que legalmente tiene. Pero es un hecho»43. Desde esta perspectiva, se han dado varios pasos tendientes a buscar un diálogo con los isleños y a quebrar la rigidez de sus posiciones, a partir de otro supuesto básico: que el rechazo de los habitantes de las islas al acercamiento con la Argen– tina no es monolític0 44 • Así, se ha permitido que pasen por el espacio aéreo nacio– nallos vuelos que unen las islas con Chile, a pes"r de que los isleños siguen negán– dose a restablecer las comunicaciones con el continente, y se ha ofrecido levantar, con la colaboración del gobierno norteamericano, las minas colocadas durante la guerra. También, se ha propuesto, entre otras medidas, dialogar con los habitantes ele Malvinas a través de la BBC y realizar reuniones cQn sus representantes. Parale– lamente, y con el fin de auscultar la reacción de los isleños frente al sensible tema de la soberanía, el gobierno de Menem ha lanzado una serie de ideas de soluciones posibles a la disputa, que han caído en saco roto: someter a arbitraje internacional la disputa de soberanía; crear un Estado libre asociado según el modelo de las islas Alland (de soberanía finlandesa, pero con modo de vida sueco); o indemnizar a los isleños a cambio de la soberanía sobre las Malvinas. Por su parte, Londres continuó aplicando la política de «hechos consumados» que ha puesto en práctica desde el fin ele la guerra y que se basa en el ejercicio de (acto de la soberanía. La lista de medidas que se inscriben en el marco de esta política es larga de enumerar. Pára muestra bien valen citarse las siguientes: ex– tensión de la zona de jurisdicción británica en aguas de las islas Georgias y Sand– wich del Sur (4 de abril de 1992); autorización a los isleños para iniciar la bús– queda de petróleo en Malvinas (18 de septiembre de 1993); licitación y posterior ejecución de la prospección sísmica de petróleo; e incorporación de un área marítima de 1.400 kilómetros cuadrados (llamada gap), ubicada en la parte norte ele las aguas que rodean las Malvinas, a su zona de control pesquero con fines «conservacionistas» del calamar ilex, la principal fuente de recursos de los isle– ños (22 de agosto de 1994)45. Estos avances del gobierno británico para perfeccionar su jurisdicción efectiva