América Latina en el mundo: Anuario de Políticas Externas Latinoamericanas y del Caribe :1993-1996

169 Un tercer conjunto de temas que dio lugar a ciertas diferencias con el gobier– no de Estados Unidos, aunque de menor peso que las anteriores, reunió dos as– pectos de primera importancia en la agenda «negativa» de Washington con Amé– rica Latina: terrorismo y corrupción. La falta de esclarecimiento de los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y la AMIA (1994), fue la razón concreta a la que apeló el Ejecutivo norteamericano para reiterar que las leyes argentinas y sus sistemas in– vestigativos y judiciales no cuentan con las herramientas y recursos necesarios para luchar agresiva e intensivamente contra el terrorismo. Las críticas contra la justicia, los servicios de inteligencia y la Policía argentinos fueron acompañadas de recomendaciones para que Argentina rompiera relaciones diplomáticas con el gobierno de Irán, a quien Washington acusó de estar directamente involucrado en los atentados ocurridos en Buenos Aires. En este punto particular, el gobierno argentino estimó que no existían suficientes pruebas para romper con ese país y consideró las denuncias norteamericanas «genéricas y difusas». Asimismo, deci– dió no plegarse a la ampliación del embargo económico decretado por la admi– nistración Clinton contra Teherán, en mayo de 1995, debido al apoyo del gobier– no de Irán al terrorismo y a su propósito de contar con armas nucleares 33 • Por su parte, el sonado caso Banco Nación-18M y el escándalo por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia pusieron sobre el tapete la existencia de altos niveles de corrupción en esferas gubernamentales y/o estatales argentinas. Ambos hechos se produjeron en un momento en el que la lucha contra el narcotráfico es uno de los pilares de la política exterior de Estados Unidos, avalada directamente por el presidente Clinton. En consecuencia, y aunque de manera no pública, el Departamento de Estado hizo saber al gobierno argentino su preocupación por estos -y probablemente otros- hechos de corrupción, recordándole que la demo– cracia debe ser un importante garante de la honradez de los gobiernos. Como una manera de salir al cruce frente a esta actitud vigilante de la Admi– nistración norteamericana, el gobierno de Menem, impulsado por los grupos eco– nómicos argentinos más importantes, tomó la decisión poi ítica de preparar una ley contra la corrupción que tiene como objetivo penar gravemente el pago de sobornos a funcionarios y el tráfico de influencias para el beneficio de empresas. Entre otras cosas, el proyecto del Ejecutivo crea la figura del arrepentido y un régimen de ética y conducta, tipifica el delito «tráfico de influencias» y obliga a cada funcionario a presentar una declaración jurada de sus bienes antes y des-