América Latina en el mundo: Anuario de Políticas Externas Latinoamericanas y del Caribe :1993-1996

168 La legislación sobre patentes medicinales de.Argentina fue otro de los temas que agitaron de manera permanente la relación bilateral. Argentina, al igual que otros países, se comprometió a incorporar a su legislación sobre patentes (la ley que regía era del siglo pasado) las normas que establece el Acuerdo sobre Dere– chos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, firmado durante la Ronda Uruguay del GATT. Por lo tanto, la discusión interna sobre este tema se produjo dentro del marco de un régimen internacional que impone obligaciones y límites, aunque también deja abierto un cierto espació de ambigüedad 30 • El debate enfrentó a la industria nacional de medicamentos (que embolsan el 55 por ciento de un mercado que mueve 4.500 millones de dólares anuales) con los laboratorios norteamericanos, fuertemente respaldados por el gobierno de Esta– dos Unidos (que aducen un perjuicio de 540 millones de dólares por la comercia– lización pirata de patentes medicinales en Argentina). La magnitud de lo que hay en juego explica el nivel de lobby y las presiones ejercidas sobre el gobierno y el Congreso argentinos para lograr que la nueva legislación refleje estos intereses encontrados. También explica las diversas modi– ficaciones que sufrió el proyecto original de ley elaborado por el Ejecutivo, que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de marzo de 1995 luego de dos años de debate 31 • Sin embargo, esta aprobación no puso fin a las discrepancias. A lo largo del año, y con el telón de fondo de las presiones del gobierno de Estados Unidos y de los laboratorios de ese país, la ley fue vetada parcialmente por el gobierno de Menem (que estuvo siempre más cerca de la posiciones norteameri– canas), fue objeto de «versiones correctivas», de dos decretos reglamentarios y de dos nuevas aprobaciones en el Congreso. Finalmente, se llegó a un acuerdo que, entre otros temas importantes, fija en cinco años el período de tr~nsición en el que no se pagarían royalities a los laboratorios extranjeros. A pesar de que para la Cancillería argentina la ley moclificada y su reglamen– tación observan las reglas del GATT32, el gobierno de Clinton, por intermedio de su representante comercial, Mickey Kantor, volvi6 a pedir que se reviera la ley de patentes, porque «daña a las empresas y trabajadores norteamericanos» y agitó el fantasma de las sanciones previstas por la Sección 301 de la Ley de Comercio norteamericana, amenazanclo incluir a Argentina en la lista negra que tiene Esta– dos Unidos para estudiar sanciones comerciales a los países que, en la opinión de ese gobierno, violan la propiedad intelectual. En suma, el tema quedó abierto y, seguramente, seguirá presente en la agenda bilateral en 1996.